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Un grupo de personas hacen cola ante una oficina del Servicio de Ocupación de Cataluña (SOC) / CG

El Inem catalán desprivatiza las políticas de empleo

El presupuesto de 2017 rebaja de 95 a 46 M€ las partidas destinadas a las empresas privadas dedicadas a la mediación laboral, que denuncian la gestión "caótica" de la Generalitat

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Un mazazo que deja el sector en una situación precaria. Los presupuestos de la Generalitat para 2017 reducen a la mitad las partidas que el Servicio de Ocupación de Cataluña (SOC) –el Inem catalán– destina a empresas privadas dedicadas a la formación y mediación laboral. A los retrasos en los pagos de las subvenciones, que ya contó Crónica Global, se une ahora estos recortes de la Consejería de Trabajo, que, por el contrario, aumenta el gasto en empresas sin ánimo de lucro, ayuntamientos y sindicatos.

El aumento del presupuesto destinado al Servicio de Ocupación de Cataluña (SOC) apenas aumenta respecto a las cuentas de 2015, pues pasa de 220 millones de euros a 280 millones. Aumentan las partidas destinadas a instituciones sin ánimo de lucro que se dedican a la formación y mediación de laboral –de 10 millones a 83--, y las destinadas a consorcios y corporaciones locales. Así, el Consorcio de Formación Continua, en el que participan la Consejería de Empresa, sindicatos y patronales, tendrá ayudas por valor de 22,2 millones, frente a los 19,9 millones de 2015. Asimismo, el presupuesto correspondiente a las corporaciones locales pasa de 91 millones a 106 millones.

Retrasos en los pagos

Por contra, el mazazo es muy evidente en el caso de las empresas privadas, que de los 95 millones asignados en 2015, pasa a 46,4 millones.

Fuentes del sector explican a este diario que el problema va más allá de una cuestión presupuestaria, pues según afirman, la gestión de las políticas de ocupación es "caótica" y los retrasos en la liquidación de hasta cuatro años les ha colocado en una situación "insostenible". Actualmente, el Gobierno catalán paga un 60% de las ayudas destinadas a estas empresas, mientras que el otro 40% se pospone hasta que se revisa el cumplimiento de las condiciones exigidas a los adjudicatarios. "El problema es que esa revisión puede durar años. No les preocupa impulsar una oferta de calidad, pues las empresas que nos dedicamos a esto tenemos más de 30 años. Las política activas no son su prioridad", explican.