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Imagen de una reunión del Govern, con Pere Aragonès (c) y Jordi Puigneró (i) / EP

El Govern recurre el ultimátum del TSJC por el 25% de castellano en las escuelas

La Generalitat argumenta que prepara una nueva Ley, tras el acuerdo de cuatro formaciones políticas, y advierte del perjuicio que supondría modificar normativas al final de un curso

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La Generalitat ha presentado un recurso contra el ultimátum que le dio el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para que aplicara la sentencia que le obliga a que todas las escuelas de la Comunidad Autónoma impartan, al menos, un 25% de las clases en castellano. 

La argumentación del Govern se ha basado en el reciente acuerdo alcanzado por ERC, Junts, PSC y los comunes para aprobar una proposición de ley sobre el uso de y aprendizaje de las lenguas oficiales en las escuelas, que establece el catalán como única lengua vehicular, mientas que relega al español a la condición de curricular.

Retraso en los planes 

Al sentarse las bases para sacar adelante una nueva ley, la Generalitat considera que no ha lugar a aplicar un mandato judicial basado en una normativa que va a modificarse próximamente. 

De hecho, el Pleno previsto para este viernes en el Parlament para aprobar en lectura única esta proposición fue aplazado después de que los diputados de Vox, PP y Ciudadanos solicitaran un dictamen al Consejo de Garantías Estatutarias, cuyo resultado deberá ser evaluado antes de seguir adelante. 

Fin de plazo inminente

El Govern, que contaba de plazo hasta el próximo martes para empezar a aplicar el mandato del TSJC también justifica el recurso por los perjuicios que podría causa la modificación de los proyectos lingüísticos cuando el curso escolar está a punto de finalizar. 

La solicitud del citado dictamen ponía en peligro los planes para poner en marcha la nueva Ley antes de que venciera el plazo dado por los jueces para aplicar el criterio del 25%; de ahí que la Generalitat haya optado por recurrirlo para ganar algo más de tiempo.

Borràs se atribuye el cambio

Precisamente, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha atribuido este sábado a Junts per Catalunya, la formación a la que pertenece, que la nueva normativa lingüística pactada entre las cuatro formaciones citadas haya sido finalmente más ambiciosa.

Durante su discurso en la convención municipalista que la formación ha celebrado en la localidad de Reus, Borràs ha recordado que Junts mostró su disconformidad ante el primer pacto alcanzado por los otros tres partidos al considerar que no tenía en cuenta la postura de las entidades, en referencia a la comunidad educativa. 

Efecto arrastre

“Dijimos que no ea suficiente y el resultado final es que lo que hemos conseguido es algo más de que una reforma legislativa, es un acuerdo global entre los partidos y las entidades para defender nuestra escuela y nuestro modelo” frente a la resolución del TSJC, que no ha dudado en calificar de “aberración”.

En este punto, Borràs ha recalcado la capacidad de su formación para arrastrar al resto a sus posiciones, más ambiciosas y que se ha mostrado dispuesta da defender “con uñas y dientes”. 

Junts celebrará la próxima semana un congreso extraordinario en el que Borràs será elegida como presidenta del partido y se proclamará como secretario general al conseller Jordi Turull, que encabezará una candidatura única y de consenso.