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Fragmento del BOPC que muestra las subvenciones a Plataforma per la Llengua, la ONG del catalán / FOTOMONTAJE CG

El Govern multa a una inmobiliaria por no atender en catalán

Impone 1.600 euros de sanción tras las acciones legales emprendidas por la subvencionada Plataforma per la Llengua, que anima a denunciar casos similares

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La Dirección General de Comercio de la Generalitat ha multado a la inmobiliaria Barcelona Business Society (Barcelona Selecta) con 1.600 euros por no atender a una clienta en catalán. La acción tiene lugar después de que la ONG del catalán Plataforma por la Lengua emprendiera acciones legales en abril de 2018 por discriminación y vulneración de los derechos de los consumidores.

La entidad, una de las más subvencionadas por el Gobierno autonómico, denuncia la "catalanofobia" que sufrió la cantautora Montse Castellà en este negocio, que ha aceptado pagar la sanción, impuesta en aplicación del artículo 8.3 de la Ley de Comercio, Servicios y Ferias, según el cual, "las personas que accedan a la actividad comercial ya la prestación de servicios, aun aquellas que lo hagan en calidad de trabajadores asalariados, deben conocer las condiciones del ejercicio de la actividad comercial y de la prestación de servicios en Cataluña y han estar en condiciones de poder atender a los consumidores cuando se expresen en cualquiera de las lenguas oficiales en Cataluña".

La clienta, que publicó sus vivencias en un artículo periodístico asegura que fue vejada por parte del administrador de la inmobiliaria y contactó con el servicio de atención a las discriminaciones lingüísticas de la Plataforma por la Lengua después de que en una llamada telefónica se le exigiera hablar en español. La afectada cambió de lengua, pero asegura que el administrador le insultó.

Barcelona Selecta admitió públicamente los hechos a través de su web. En una nota admitió tres aspectos que vulneran la Ley de Política Lingüística y uno de la citada Ley de comercio.

Plataforma per la Llengua ha expresado su satisfacción ante la sanción impuesta por la Generalitat y anima a denunciar estos casos.