El Govern esconde los ataques contra constitucionalistas

El pasado domingo, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, manifestaba que “puede haber muchas opciones políticas, pero frente a la violencia, solo puede caber una postura: la condena”. Pues bien, esa no parece ser la posición de la Generalitat, que oculta ataques contra constitucionalistas y, por el contrario, solo se hace eco de los que han sufrido ciudadanos independentistas.

A través de un mapa interactivo, el Govern ha publicado 602 incidentes que tienen como causa la intolerancia política desde enero de 2017 hasta septiembre de 2019. Una cartografía en la que identifica "255 casos de vandalismo contra entidades; 99 contra particulares; 150 ataques contra la integridad física, 91 intimidaciones, insultos y amenazas, y siete acciones de vandalismo simbólico". Pero en esta recopilación, obra de la Oficina para la Defensa de los Derechos Civiles y Políticos --que depende del Departamento de Vicepresidencia--, obvia numerosos ataques y agresiones que han padecido los contrarios a la independencia en el territorio. 

Ningún ataque 'indepe' a constitucionalistas

Entre enero de 2017 y septiembre de 2019, la Generalitat detalla "empujones contra un socio de la ANC cuando hacía campaña a favor del referéndum en Terrassa" o relata que "un hombre increpó a voluntarios de Òmnium Cultural al grito de: '¡Sois unos tarados'". Pero, de entre todas las vulneraciones ideológicas o ataques, no existe ninguna referencia a víctimas de ataques soberanistas, como cuando en agosto de 2019, un hombre denunció una agresión en el metro de Barcelona por llevar una camiseta y una gorra con la bandera de España. O cuando en septiembre del año anterior golpearon a un grupo de personas por retirar lazos amarillos en Vilafranca del Penedès. 

En cuanto a políticos hay alguna excepción: el vandalismo contra el líder del PP, Alejandro Fernández, cuando pintaron esvásticas en su coche, pero no consta que los autores fueran activistas soberanistas. También el ataque contra la integridad física a Jordi Cañas, dirigente de Cs, al que lanzaron pintura amarilla por la espalda en junio de 2019, que sí recoge este mapa. También una pintada contra la tienda de la madre del líder de Cs, Albert Rivera, en diciembre de 2017. Solo una, cuando el presidente de la formación ha denunciado más incidentes como éste en numerosas ocasiones. Pero el contenido de este mapa va más allá y señala a los propios políticos como culpables de altercados en actos durante los que, en realidad, han sido víctimas de algún tipo de incidente por su adscripción ideológica.

Culpabiliza a Álvarez de Toledo y Arrimadas

Como muestra, dos ejemplos. Inés Arrimadas, por entonces máxima dirigente del partido naranja en Cataluña, fue víctima de insultos --"Hijos de puta", "fuera de aquí"-- cuando visitó Amer --pueblo natal de Carles Puigdemont-- junto a sus compañeros de partido en febrero de este año. El Govern no refleja este hecho, sino que señala que, tras el acto de Cs "aparecen pintada españolistas". Pintadas como "Viva España" y "Queda demostrada la educación y el respeto de Amer", que la Generalitat tilda de "fascistas".

Aún hay más. En la misma línea, esta oficina no recoge el acoso que sufrió Cayetana Álvarez de Toledo cuando visitó el campus de la UAB durante la pasada campaña electoral. Pero sí da cuenta del acto. ¿El motivo? Según consta en la infografía, "el saludo fascista al lado de la candidata del PP por Barcelona". 

Sólo vandalismo de "antindependentistas"

Los datos de la Generalitat también recogen la detención de “7 activistas antindependentistas” en junio de 2019, pero ninguna detención de miembros de los autodenominados comités de defensa de la república (CDR) por vandalismo o desórdenes. Tampoco se hace eco de los ataques contra el juez instructor de la causa del procés, Pablo Llarena, cuando miembros de Arran marcaron el portal de su casa con pintura amarilla en noviembre de 2018, o las pintadas de marzo de este año que rezaban “Llarena FDP”, siglas en catalán de fill de puta (hijo de puta). 

En mayo de 2018 intentaron agredir con una pala a miembros de Sociedad Civil Catalana (SCC). Tres meses más tarde golpearon al secretario de la organización en Lleida, en plena calle. También en agosto de ese año, Cs denuncia el ataque contra “la esposa de un compañero de agrupación, agredida por retirar un lazo amarillo, estando junto a sus hijos", cuya consecuencia fue un tabique nasal roto. Sin rastro de estos incidentes en los datos que aporta la Oficina para la Defensa de los Derechos Civiles y Políticos de la Generalitat. 

Olvida ataques a sedes de PP y Cs 

Unas cifras que también obvian los ataques vandálicos contra las sedes de Ciudadanos y el Partido Popular en Cataluña. Según el mapa que ha elaborado el Ejecutivo catalán, desde enero de 2017 hasta la actualidad, las oficinas del partido naranja han sufrido siete ataques, todos durante este año. A los populares les reconoce dos. Ambos datos quedan muy lejos de la realidad, ya que las sedes de Cs sufrieron, al menos, 14 actos vandálicos en Cataluña hace dos años. 

Ataque con excrementos en la sede de Ciudadanos en L'Hospìtalet de Llobregat / CG

Y es que, según las propias formaciones, a abril de 2018, los ataques que acumulaban las sedes de PP, Cs y PSC superaban el centenar, solo durante los primeros meses del año. Pero el Departamento que dirige Pere Aragonès no computa ningún ataque ese año contra populares y naranjas. Sí contra el PSC que solo en diciembre sufrió destrozos en 20 de sus oficinas en la comunidad autónoma (el mapa recoge 88 en total entre 2017 y 2019). Entre ellos, rotura de cristales, lanzamiento de pintura, huevos y, sobre todo, pintadas en la fachada. En concreto, el partido de Albert Rivera contabilizó al menos 17, y el que ahora dirige Alejandro Fernández más de una veintena. En cambio, el Govern sí recoge vandalismo contra las sedes de PSPV, Compromís y COOO de Dénia (Valencia) en septiembre de 2018. 

Palma de Mallorca y Zúrich

Si bien la Generalitat obvia --o no le constan-- reiterados incidentes contra el partido naranja y los populares en el territorio catalán, sí incluye en este desglose un incidente contra un simpatizante independentista en Palma de Mallorca en enero de 2018 por llevar un lazo amarillo. 

Captura del tuit que denuncia la rotura del retrovisor / TWITTER

También un ataque contra un vehículo con una estelada en Zúrich en mayo del año pasado. "Dos hombres rompen el espejo retrovisor de un coche con un adhesivo de una estelada", reza el enunciado en el mapa. La fuente de este hecho es un tuit con una imagen en la que se aprecia el destrozo. ¿Basta para corroborar que obedece a un incidente por motivos ideológicos? 

Arrancar banderas 'estelades' y quemar la de España

También llama la atención que en esta cartografía de la intolerancia política se recoja como incidente que un ciudadano retire una estelada, pero no existe ninguna referencia a la sustracción de símbolos como la bandera española. Un elemento que ha sido retirado de numerosos ayuntamientos bajo mando de partidos soberanistas, pese a que la ley recoge el deber de mantener la neutralidad de los edificios públicos, y al que activistas independentistas han prendido fuego en numerosas ocasiones. Una de las últimas, cuando miembros de los CDR también quemaron fotos de Felipe VI, en protesta por su presencia en el Mobile World Congress (MWC) en Barcelona. También lo hicieron durante la pasada Diada. 

El pasado septiembre, activistas concentrados ante el Parlament también destrozaron este símbolo. Ese mismo día, uno de los allí concentrados agredió a una periodista de TVE que cubría la protesta independentista ante la Cámara catalana. Tampoco constan estos datos en la cartografía del Ejecutivo de Quim Torra.

Sin rastro de los CDR

Es más, lejos de recoger acciones vandálicas de los CDR, como el asalto a la Delegación de Gobierno de Girona durante el primer aniversario del 1-O --donde retiraron la bandera española y colgaron una estelada--, o asedios al Parlament, los datos del Ejecutivo catalán reflejan “que algunos conductores se encaran con los miembros de los CDR” que cortaron la AP-7 a la altura de Ampolla en diciembre de 2018.

Agresiones solo a periodistas afines

Este recuento de vandalismo y ataques por motivos ideológicos tampoco recoge los que han sufrido medios o periodistas --de medios-- constitucionalistas. Entre ellos, el que perpetraron los cachorros de la CUP contra Crónica Global en enero de 2018. De las amenazas o incidentes que han vivido reporteros que cubren la información en el territorio catalán, da fe de los altercados en que se han visto envueltos profesionales de TV3 (más de una veintena), BTV o El Nacional, entre otros. En cambio, olvida los que han sufrido comunicadores de Telecinco (solo recoge uno el 8 octubre 2017, y no especifica la adhesión política del grupo de manifestantes que agredieron a los reporteros, como sí hace en el caso de los otros medios para aclarar que eran "españolistas"), Antena 3, o TVE, entre otros.

Sí recoge hasta cuatro agresiones al fotoperiodista de El Món Jordi Borràs, que a su vez, sirve de fuente para documentar numerosos hechos que el Govern incluye en el mapa como vulneraciones o ataques contra personas por su ideología independentista. También cuenta el ataque, el 28 de agosto de 2018, a un cámara de Telemadrid durante la manifestación convocada per Cs y PP “por parte de un grupo de españolistas”, porque, según recoge el Govern, “le confundieron con un cámara de TV3”. 

"Intento de atentado del españolismo"

Los datos que facilita el Govern hablan de un "intento de atentado terrorista del españolismo" tras un incidente en el ateneo de Gavà. Como fuente aportan un apunte de Twitter del fotoperiodista Borràs en el que explica que unos desconocidos prendieron fuego al Ateneo Popular la Màquia, y comenta que el lugar ha sufrido varios ataques de la extrema derecha. Pero la Generalitat recoge el titular de la publicación digital Per Catalunya y, lo publica de manera textual en el mapa de la intolerancia política, otorgándole así veracidad. 

¿De dónde salen los datos? El Anuari Media.cat 2016-2017 --que recoge "139 incidentes violentos en Cataluña en nombre de España en tres meses"-- es la principal fuente para todos los incidentes que se registran en ese periodo. Uno de sus autores es --de nuevo-- Borràs, fotógrafo que denunció una agresión a manos de un policía en Barcelona. El resto de referencias a incidentes son apuntes de usuarios de Twitter que, en ocasiones, solo aportan fotografías que no pueden demostrar la acusación, o artículos de medios como El Nacional, NacióDigital, Vilaweb, o El Món, cuyos titulares se utilizan, al pie de la letra, para describir la supuesta vulneración de la libertad por motivos políticos.

"Amenazas de muerte por hablar catalán en Barcelona"

Otro de los incidentes que recoge la oficina de Derechos Civiles y Políticos de la Generalitat son las “amenazas de muerte contra una familia por hablar catalán en Barcelona”. Pero, a lo largo de los dos años durante los que ha recopilado incidentes, cuya motivación responde a la intolerancia política, no da fe de ninguna agresión contra catalanes castellanohablantes. Castellanohablantes o no, seguro que los miembros del Govern tienen constancia de la denuncia que presentó la madre de una menor que fue agredida por una profesora en Terrassa tras pintar una bandera de España. Entonces, ¿por qué no lo incluyen en el mapa? Al igual que éste, no consta ningún otro incidente que, por su adscripción, haya sufrido algún constitucionalista de a pie en Cataluña. 

[NOTA: La información de la infografía ha sido recopilada entre el viernes 27 de septiembre y el lunes 30. Desde la Generalitat se han negado tanto a facilitar los datos con los que han creado el mapa de la intolerancia política en Cataluña, así como a revelar la metodología empleada, y el motivo de la exclusión de hechos documentados contra constitucionalistas, como los que se detallan en este texto].