El Govern dio dinero a la comisión de la ONU que condenó el encarcelamiento de los líderes del 1-O

La Generalitat de Cataluña destinó una partida de 150.000 euros a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, sección de la que depende el grupo de trabajo que valoró la prisión preventiva de los políticos independentistas juzgados por el 1-O. 

Esta comisión ha detallado, en su relación de "contribuciones voluntarias" anual, que la donación se realizó desde la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo, según avanza El Mundo. No se detalla si este ingreso se realizó antes o después de que el grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias hiciera público su informe sobre la encarcelación de Oriol Junqueras, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.

Detención "arbitraria"

Este grupo de trabajo de Naciones Unidas (conocido como WGAD, por sus siglas en inglés) valoró que la detención de los líderes del referéndum ilegal de 2017 se realizó de forma "arbitraria" y, por lo tanto, que su encarcelamiento preventivo vulneraba los principios de la declaración universal de derechos humanos. 

El informe detallaba que Junqueras y los Jordis debieran hacer sido puestos en libertad de forma "inmediata" y que el Estado debiera "concederles una indemnización" por la privación de libertad. El texto del WGAD no era vinculante, por lo que el proceso judicial --conocido como el juicio del procés-- siguió adelante sin que los ahora condenados fueran liberados. 

Cortina de humo para el Govern

La aparición de este informe no vinculante sirvió a los partidos independentistas para desviar la atención de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que confirmaba que el procés fue ilegal. Este auto, dado a conocer solo unas horas antes, rechazaba el recurso internacional presentado por Carme Forcadell, después de que el Tribunal Constitucional suspendiera el pleno del 9 de octubre en el que Carles Puigdemont tenía previsto "explicar los resultados y efectos del referéndum". 

Todo ello se realizó un día después, el 10 de octubre, día de la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) de ocho segundos. Según el tribunal europeo, esta sesión "se convocó en virtud de una ley que había sido suspendida" por el Tribunal Constitucional y, por ello, "era inaplicable temporalmente". Un acto que consideró un "claro incumplimiento de las decisiones" del estamento judicial español.