La Generalitat ya tiene su propia ‘ley mordaza’

El proyecto está fase de alegaciones y el Govern ha dado un plazo muy corto a los grupos parlamentarios para que se pronuncien. Una iniciativa con tintes preelectorales de la Consejería de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia (ERC) que, paradójicamente, ha sido reprobada en varias ocasiones por el GAIP precisamente por negarse a proporcionar datos solicitados por la oposición.

Proyecto estrella de Artur Mas

La ley de transparencia fue presentada por el Ejecutivo de Mas como un alarde de buenas prácticas y de complicidad con el derecho de los ciudadanos a acceder a la información institucional, de forma directa o a través de los representantes políticos. Seis años después, un gobierno en funciones con Pere Aragonès al frente anuncia la aprobación de un reglamento que desarrolla esa norma.

Sin embargo, lejos de mejorar los mecanismos de acceso a la información pública, el proyecto de decreto que regula ese reglamento pone trabas a la misma. Amplía los plazos para proporcionar los datos solicitados; atribuye al Govern la capacidad de decidir si una petición es o no admisible por tratarse de un “documento interno”, “de relevancia” o de “interés público”; y prevé que el ciudadano se desplace personalmente a las sedes administrativas para consultar esa información.

"Otros parámetros"

Así, el Ejecutivo catalán propone en el artículo 42 del reglamento que se tenga en cuenta a la hora de restringir el acceso a la información, "otros parámetros" que no sean lo resuelto por los informes del GAIP o por los tribunales de Justicia.

Vista del hemiciclo del Parlament, del que depende el GAIP, totalmente vacío / EFE

Se refiere al máximo órgano de transparencia dependiente del Parlament y que en varias ocasiones ha reprobado al Govern por negarse a facilitar información a partidos de la oposición y a particulares. Recientemente, ha instado a la Consejería de Educación a abrir un expediente sancionador a su secretaría general por no atender la petición de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) sobre los proyectos lingüísticos de los centros educativos concertados.

Nuevo toque del GAIP

El GAIP también ha dado la razón a Associacions Federades de Famílies d’Alumnes de Catalunya (aFFaC), entidad a la que este departamento había denegado información sobre alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) con la finalidad de realizar un estudio.

Asimismo, el artículo 44.3 del futuro reglamento prevé la posibilidad de acordar una prórroga del plazo inicial de un mes para resolver la solicitud y en el artículo 45.3, prevé la consulta directa de los originales en las instalaciones correspondientes, mecanismo que equipara a la consulta por medios electrónicos.

La diputada de Ciudadanos, Susana Beltrán

La diputada de Ciudadanos, Susana Beltrán, ha recibido el amparo del Parlament en nueve ocasiones debido a la negativa de la Consejería de Acción Exterior a proporcionarle información sobre gastos y actividad de la diplomacia catalana. Considera que todas estas previsiones pretenden disuadir al ciudadano a los grupos parlamentarios de reclamar determinada información que actualmente se entrega con retrasos de hasta un año, o en algunos casos, ni se entrega.

"Un desprecio para el ciudadano"

“El nuevo reglamento blinda jurídicamente la opacidad de la Generalitat, lo cual supone un desprecio para el ciudadano, que nunca sabrá la verdad de lo que hace su gobierno. Está hecho para tapar el dinero que se va al procés”, explica a Crónica Global.

Beltrán, que no descarta impugnar el decreto ante la Justicia, ha presentado alegaciones. Considera que el nuevo reglamento "no debería detallar, como sucede en el artículo 42.4, una serie de otras circunstancias para denegar el acceso a la información, más allá de las que establece la ley de transparencia, puesto que está ya ponderando y se está posicionando de antemano para denegar el acceso a la información solicitado en nombre de un supuesto perjuicio para la seguridad pública que iría más allá de los criterios establecidos en la normativa vigente".

"Marcos preexistentes"

Tampoco se incluye, a juicio de la formación naranja, "el establecimiento de un plazo para que el Govern cumpla con su deber de información ante un informe del GAIP que dé la razón a la persona solicitante".

"Únicamente deberían inadmitirse a trámite aquellas solicitudes a las que aplique un límite legal y no crear marcos preexistentes en los que se quiera escudar el Govern para colocarse indebidamente en una situación de poder decisorio sobre lo que es o no admisible como documentos internos, de relevancia o de interés público", afirma la diputada liberal. 

Respecto a la consulta directa en los organismos institucionales, Cs cree que el Govern "tiene la obligación de garantizar medios que aseguren que no se produce una carga adicional para los ciudadanos (de desplazamiento ante una institución pública, de pedir hora con dicha institución para agendar la consulta directa en las instalaciones...), entre otras".