Ada Colau pasa de las mociones anticorrupción

El gobierno municipal de Barcelona, que comanda Ada Colau, hace caso omiso de las mociones contra la corrupción. El Ejecutivo local de Barcelona en Comú y PSC contrató por partida doble a una empresa salpicada por una trama corrupta 40 días después de que el consistorio se comprometiera a no trabajar con compañías investigadas.

Ocurrió en verano. El 17 de junio, Ciudadanos presentó una moción en la comisión de Presidencia que exigía publicar puntualmente la contratación menor del Ayuntamiento de Barcelona; limitar los contratos sin concurso y priorizar las licitaciones abiertas; reducir al mínimo las autorizaciones de gasto y adelantos de caja fija y no invitar a participar en la contratación directa a empresas que estén siendo investigadas por corrupción. El texto de la formación que pilota Luz Guilarte salió adelante con los votos de ERC, Ciudadanos, Junts per Catalunya, PP y Barcelona pel Canvi. Hasta 23 concejales de 41.

Un mes después, dos contratos a Inipro

El bipartito sociocomún hizo caso omiso de la petición de pulcritud de la oposición. Apenas 41 días después de aquella resolución, el gobierno municipal entregó otros dos contratos a Inipro. Se trata de una empresa que está salpicada por la trama homónima, el caso Inipro, que instruye el juzgado de Instrucción número 1 de Tarragona y cuyo juicio será en la Audiencia Provincial.

Los dos nuevos encargos públicos que ha conseguido en la capital catalana son la contrata para la atención a la población adolescente en el barrio del Carmel, por un valor de 4.499 euros; y la respuesta parcial a las necesidades de aprovechamiento tecnológico en la actualidad post-Covid-19, por un valor de 2.499 euros. Las dos licitaciones del Ayuntamiento se adjudicaron sin concurso 41 días después de la exigencia de buenas prácticas a Colau por parte del resto de grupos.

Empresa señalada en el 'caso Inipro'

Ambas son muy menores frente al colosal presupuesto municipal. Pero chirrían en dos aspectos. En primer lugar, por colisionar frontalmente contra la moción anticorrupción que aprobó la mayoría de concejales el 17 de junio en la comisión de Presidencia. La resolución contra las malas prácticas en contratación, presentada por Luz Guilarte, presidenta del grupo municipal de Ciudadanos, concitó el apoyo de la mayoría de grupos, salvo BComú y PSC, que forman el gobierno local.

41 días después de aquel texto, el Ejecutivo local hizo oídos sordos y volvió a contratar a una empresa salpicada por una trama corrupta. Ese es el segundo ángulo dudoso: el contratista. Inipro está en el centro del proceso judicial por presunto soborno, falsedad documental, malversación y tráfico de influencias en el Ayuntamiento de Tarragona. El propio exalcalde, Josep Fèlix Ballesteros (PSC), está imputado e irá a juicio. De Inipro hay varios extrabajadores citados y figuraba como investigado su gerente, Ricard Campàs, hasta que falleció en 2016. El magistrado investiga si los contratos municipales a esta empresa sirvieron para financiar subrepticiamente al partido que gobernaba la capital de provincia. Esta particularidad la apearía, sobre el papel, de cualquier encargo público en Barcelona.