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Imagen de los empleados del centro especial de trabajo Grupdem Sccl / @grupdemsccl

La Generalitat deja en el limbo 100 millones de euros para discapacitados

Cataluña es la segunda comunidad que más dinero recibe del Estado, pero administra con cuentagotas las subvenciones para centros especiales de trabajo, sin subvencionar el 50% del salario mínimo

20.05.2019 00:00 h.
6 min

La Fundació Privada Iris, de Sant Vicenç dels Horts, dio la voz de alarma el pasado 8 de mayo. “A día de hoy todavía no hemos cobrado la subvención del salario mínimo interprofesional (SMI) del mes de diciembre de 2018, ni de enero, ni de febrero, marzo, abril de este año 2019, ni tampoco el resto de las USAP (subvenciones a las Unidades de Apoyo a la Actividad Profesional). En consecuencia, no hemos podido pagar las nóminas de los profesionales, y las entidades bancarias ya no reconocen a la Administración como avalador, como pasaba antes. Por tanto, no nos dan crédito”.

tasa empleo discapacitados

Tasa de empleo de discapacitados por comunidades, según un informe de la ONCE

Esta fundación, que da empleo a 52 personas con discapacidad, es uno de los 200 centros especiales de trabajo (CET) existentes en Cataluña y que están con el agua al cuello debido a la deuda que tienen contraída la Generalitat, cifrada por el sector en 30 millones. El Gobierno español ha destinado a Cataluña casi cien millones de euros, el doble que en 2018, para subvencionar estas políticas de ocupación. Pese a ello, la Generalitat concede subvenciones con cuentagotas y no acaba de ponerse al día.

El 50% del SMI

Pero es que, además, el Govern se resiste a subvencionar el 50% del SMI a las personas con discapacidad física y el 55% a los de especiales dificultades (ahora no supera el 25%).

La excusa del Govern para no pagar los atrasos es, de nuevo, Madrid. La Consejería de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia afirma que, mientras no se reúna la Conferencia Sectorial de Trabajo, no se pueden realizar esos pagos.

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Distribución territorial de discapacitados según un informe de la ONCE

La competencia legislativa sobre los CET es estatal. La Generalitat tiene la competencia ejecutiva, que incluye la potestad reglamentaria y la función ejecutiva de la normativa aplicable. La Conferencia Sectorial, donde la Generalitat está representada, acuerda la financiación necesaria para cada comunidad autónoma en relación a sus política de empleo.

Ayudas publicadas en el BOE

La Conferencia destina a Cataluña 336 millones. Es la segunda comunidad que recibe más dinero por este concepto, después de Andalucía. La cantidad destinada para los CET en 2019 asciende a 98,5 millones, el doble de lo que destinó en 2018. Así consta en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del pasado 12 de abril aunque el consejero Chakir El Homrani sostiene que ese dinero no se ha recibido y que es el Govern el que, a diferencia del resto de comunidades, se ve obligado a utilizar sus fondos propios.

Curiosamente, pocos días después de que la situación de los centros especiales de trabajo se debatiera en el último pleno del Parlament, el departamento abonó a las empresas un total de 3,2 millones de euros en concepto de subvenciones correspondientes al mes de enero de 2019, del que se beneficiarán 8.501 trabajadores, tal como se puede leer en este enlace. A la citada Fundación Iris le han correspondido 20.578,80 euros.

Dos sentencias de 2014 y 2015

En Cataluña hay un total de 15.721 empleados de centros especiales. Sin embargo, otro de los temas pendientes es la resistencia a pagar el 50% del salario mínimo interprofesional a las personas con discapacidad física, pues solo abona el 25% del SMI. Asimismo, en 2014 y 2015, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dio la razón a la Federació de Centres Especials de Treball de Catalunya (Fecetc), después de que esta entidad impugnara las bases reguladoras de la concesión de subvenciones destinadas al fomento de la integración laboral. Está pendiente de ejecución.

Fuentes de Fecetc admiten a Crónica Global su sorpresa ante la “velocidad” con la que se ha pagado el mes de enero tras la denuncia parlamentaria. Pero quedan pendientes los meses de febrero a mayo. Subrayan la complejidad de un sector en el que se corre el peligro de depender demasiado de las ayudas públicas y defienden un protagonismo mayor del sector privado. “El problema sobre los atrasos es que, una vez reconocidos judicialmente, cada centro debe buscarse la vida”, afirman. 

Para evitar este goteo, el diputado del PSC Raul Moreno ha presentado una moción para instar a la Generalitat a destinar, como mínimo, 100 millones de euros procedentes de la Conferencia Sectorial de Trabajo a subvencionar el 50% del SMI a todos los trabajadores de los CET con discapacidad física, y el 55% a los de especiales dificultades, tal como marcan los criterios establecidos por la propia Conferencia en diciembre de 2018 y febrero de 2019.