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La diputada de ERC, Meritxell Serret, en el pleno del Parlament / EUROPA PRESS

Fiscalía pide abrir juicio a Meritxell Serret por desobediencia durante el 'procés'

En un escrito dirigido a la Sala de lo Penal de Tribunal Supremo, los fiscales se muestran conformes con el auto del juez Pablo Llarena

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La Fiscalía ha solicitado al Tribunal Supremo (TS) abrir juicio oral a la exconsellera Meritxell Serret, por un delito de desobediencia en el marco del proceso independentista de 2017.

En un escrito dirigido a la Sala de lo Penal del alto tribunal, los fiscales se muestran conformes con el auto con el que el juez del TS, Pablo Llarena, concluía el sumario de Serret y piden juzgarla por desobedecer.

Vox, acusación popular

También lo hace Vox, como acusación popular de la causa del procés, y que hasta ahora solía acusar por delitos más graves que la Fiscalía.

Según el escrito del partido, la exconsellera debe ser juzgada por la “continuada desatención” de los requerimientos del Tribunal Constitucional en relación a la aprobación de “iniciativas legislativas y reglamentarias abiertamente inconstitucionales”. Refiriéndose a la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y posterior declaración unilateral de independencia, ambas anuladas por el TC.

Huyó a Bélgica

Meritxell Serret fue una de las cinco miembros del Govern de Carles Puigdemont que huyó a Bélgica tras esta declaración en octubre de 2017. Sin embargo, era la única sobre la que no pesaba una orden europea de detención y entrega porque la sentencia del procés despejó su horizonte procesal y la situó en una situación menos gravosa.

Esto sucedió de esta forma porque Serret fue procesada por malversación de caudales públicos y desobediencia. Igual que los exconsellers Santi Vila, Carles Mundó y Meritxell Borràs, quienes fueron condenados únicamente por desobediencia –que no conlleva pena de prisión--.

Serret se personó por sorpresa en el Supremo en marzo de 2021 para ponerse a disposición del tribunal y regularizar su situación. La exconsellera fue procesada en rebeldía el 21 de marzo de 2021 por desobediencia y malversación, pero en 2021, durante su declaración indagatoria, reconoció que decidió seguir adelante con el procés por ser un “mandato popular”. Aunque defendió que su departamento no destinó dinero al 1-O.