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Conferencia sectorial de Migración, con la participación del gobierno catalán, junto al resto de representantes autonómicos y el Gobierno /EFE

ERC participa con el Gobierno español en todos los foros multilaterales

La colaboración con el Estado en materia de migración, vivienda, igualdad o educación es total, aunque los republicanos mantienen la distancia con Hacienda

5 min

Esquerra ha decidido involucrarse a fondo en la defensa de sus responsabilidades de gobierno. Los consejeros y los equipos de los departamentos en manos de ERC participan con el Gobierno español en todos los foros multilaterales, aunque mantiene la retórica de que se prefieren los acuerdos bilaterales, y no quieren, todavía, formar parte de las reuniones del Consejo de Política Fiscal y Financiera, en buena medida porque ya se negocia y se está en contacto de forma permanente con el Ministerio de Hacienda.

Prueba de ello es la conferencia sectorial sobre migración entre el Gobierno y las comunidades autónomas, celebrada el lunes pasado. No hubo concreciones, pero sirvió, como admitió la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, para conocer algunas de las problemáticas que les expusieron los responsables autonómicos.

Más coordinación, no menos

Uno de los más activos del encuentro fue el secretario de Igualdad, Migraciones y Ciudadanía de la Generalitat, el republicano Oriol Amorós, experto en la materia, que, desde la convicción de que “todas las comunidades autónomas deben responsabilizarse” de esas migraciones, lamentó la falta de una mayor comunicación y de recursos “de emergencia” para tratar picos concretos de recepción de migrantes. Al margen de ello, insistió en que se apruebe algún protocolo, un plan de actuación, para asumir migrantes, que entran en España por la frontera sur, y que afecta, ahora, especialmente a Andalucía.

Amorós mostró en esa reunión su solidaridad con Andalucía, precisando que no se trata sólo de recursos económicos, sino de “ser transparente, algo que no vale dinero, que no cuesta nada”, en alusión a la necesaria comunicación entre Gobierno y autonomías y entre estas mismas. Aunque el propio Amorós señaló que la situación no es desesperante, sí recordó que en el mes de julio han llegado a Cataluña 440 menores sin acompañantes sin que apenas se tuviera información, que se ha atendido a 1.833 personas y que la Generalitat mantiene 1.600 plazas de acogida. Lo que pidió Amorós es “más coordinación”, no menos, ni compartimientos estancos.

Hacienda, bilateral

Los consejeros republicanos, por tanto, participan y colaboran con el Gobierno, --Esquerra gestiona el 70% del presupuesto de la Generalitat, con atribuciones en todos los departamentos sociales-- lo que contrasta con una retórica rupturista o de alejamiento de lo que los mismos independentistas llaman “la vía autonomista”. La participación ha sido intensa en comisiones como la de Educación, Vivienda o Igualdad. En Vivienda, por ejemplo, la Generalitat ha acordado una partida de 200 millones de euros.

Otra cosa es el Consejo de Política Fiscal y Financiera. El vicepresidente de la Generalitat, y consejero de Economía, Pere Aragonés, no quiere asistir por ahora, porque entiende que la última palabra siempre la tiene el Ejecutivo español, y, por tanto, esas reuniones no sirven tanto para acordar propuestas de carácter financiero como para asumir lo que decide y expone el Ministerio de Hacienda.

Torra, con Puigdemont

Pero el departamento de Economía está en contacto con el ministerio, y se busca cómo elaborar los presupuestos de 2019, aunque el problema no es tanto conocer qué cifras aportará el modelo de financiación, en concepto de anticipo, como saber si se dispondrá de los votos suficientes en el Parlament, tras las reticencias mostradas por la CUP.

¿Qué ocurre, entonces? Que el Govern de la Generalitat, oficialmente, y porque sigue bajo la presión de Carles Puigdemont y la posibilidad constante de convocar elecciones –a partir del 27 de octubre el presidente Quim Torra ya puede firmar el decreto de disolución del Parlament-- no puede aceptar que se ha recuperado una cierta “normalidad” institucional. La situación de los políticos presos lo condiciona todo, por lo menos esa es la posición del Ejecutivo catalán, también de los consejeros republicanos, que, sin embargo, tratan de gobernar.  En cuanto al presidente Quim Torra, está demasiado atado a Puigdemont.

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