El Govern multará con hasta 30.000 euros a un grupo que retiraba lazos amarillos

El departamento de Interior de la Generalitat, encabezado por Miquel Buch, ha anunciado que iniciará acciones por una “presunta infracción grave de la Ley 4/2015 de seguridad ciudadana” contra un grupo de 14 personas que retiraba lazos amarillos de las carreteras catalanas. Esta actuación es considerada como "daños en el dominio público" que se sanciona con multas que van de los 600 a los 30.000 euros.

El Govern anuncia las multas a un grupo que retiraba lazos amarillos / CG

El Govern anuncia en la redes sociales las multas a un grupo que retiraba lazos amarillos / CG

Han conseguido identificar a los integrantes del grupo tras una investigación de los Mossos d’Esquadra. Varios agentes del cuerpo de seguridad catalana, que este fin de semana ha transcendido un manifiesto en el que denuncian que están al límite por la sobrecarga laboral, han perseguido a este grupo por las localidades en las que han actuado para retirar los símbolos independentistas.

Investigación policial

Actuaron en las localidades de Móra la Nova y Tivissa, situadas en el sur de la provincia de Tarragona. En el marco de la investigación policial se han localizado mapas en los que habían identificado nuevos puentes y vías públicas en los que tenían previsto actuar para retirar los lazos y banderas esteladas. Los medios públicos catalanes destacan que entre los identificados se encuentra un Guardia Civil que participaba en estas actuaciones en sus ratos libres.

Los agentes también requisaron linternas y piezas de ropa que los 14 identificados usaban para taparse la cara durante su actuación. Los Mossos han afirmado que no existe ninguna denuncia cursada contra la actuación del grupo. El Gobierno de Quim Torra ha decidido actuar por iniciativa propia.

Pugna por los símbolos

La pugna por la presencia de los símbolos independentistas en las calles y carreteras catalanas incrementa de esta forma la tensión. Hasta la fecha, sólo habían anunciado multas económicas contra los que retiraban estos elementos en algunos municipios con Gobierno secesionistas.

El Tribunal de Justicia de Cataluña (TSJC) ya ha emitido una primera resolución sobre esta cuestión, pero sólo en referencia a la simbología en edificios públicos. Afirmó que, en estos casos, se debe garantizar la neutralidad ideológica institucional.