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El presidente del Govern, Quim Torra, entra en el Parlament junto a Pere Aragonès (i) y Meritxell Budó (d) / EFE

La debilidad de Torra dispara su ‘ordeno y mando’

La Generalitat aprobó 17 decretos ley, un instrumento constitucional, pero que reduce el debate parlamentario y acaba en sonoros reveses: vivienda y bebidas azucaradas son dos ejemplos

9 min

Los gobiernos en minoría tienden a utilizar el decreto ley con frecuencia como un instrumento que reduce el debate parlamentario. Y aunque es el Ejecutivo español el que más frecuentemente lo ha utilizado si se le compara con las comunidades autónomas, la Generalitat no se queda atrás. Quim Torra recurrió a esa vía en 17 ocasiones en 2019. Una cifra alta, según los expertos, y que demuestra la debilidad en que se encuentra su Ejecutivo.

Esa forma de ordeno y mando, sin consenso político y social, tuvo consecuencias pues entre los decretos ley destaca el que regula el impuesto de bebidas azucaradas, tumbado por el Tribunal de Justicia de Cataluña, o el de vivienda, que ha acabado ante el Tribunal Constitucional por anteponer los intereses de los okupas al de los propietarios.

El informe del ODP

De esa actividad da cuenta el catedrático de Derecho Administrativo de la Universitat de Barcelona, Joaquín Tornos, que analiza la actividad judicial y legislativa en Cataluña en el Informe Comunidades Autónomas 2019 publicado por el Observatorio de Derecho Público (ODP).

El recurso al decreto ley, muy extendido por parte del Gobierno español, y en menor medida por las comunidades autónomas, “facilita la acción de Gobierno en contextos de mayor fragmentación parlamentaria y consecuentemente de mayor dificultad para la aprobación de leyes lo cual facilita la concurrencia de las razones de urgencia para su aprobación; por otro, la mayor tardanza en las investiduras alarga los gobiernos en funciones y pospone el resto de actividad parlamentaria ante la incertidumbre sobre esas legislaturas lo cual redunda en el empleo del decreto ley de nuevo”, explican los juristas, más de 30, que han intervenido en el informe. Esta vía está prevista en la Constitución, pero “su generalización resta capacidad legislativa a los parlamentos”. 


Joaquín Tornos, abogado y catedrático de derecho administrativo / CG
Joaquín Tornos, abogado y catedrático de derecho administrativo / CG

En el caso de Cataluña, Joaquín Tornos se refiere al 2019 como un año “de enorme complejidad. Por un lado, las diversas causas judiciales abiertas y, en particular, el proceso a los políticos encarcelados y la sentencia final --que no entra a valorar-- han mantenido una tensión latente que explotó con fuertes brotes violentos tras conocerse la sentencia”. Este complejo panorama judicial, que incluye las causas abiertas contra el presidente Torra, el exjefe de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, y una treintena de dirigentes implicados en el referéndum del 1-O “mantiene en la vida política y social catalana una notable tensión”.

Tensiones entre Gobierno y Generalitat

Paralelamente, la falta de Gobierno en España y los intentos de recuperar la vía del acuerdo a partir de permitir formar un nuevo ejecutivo” también han generado fuertes tensiones entre el gobierno de España y la Generalitat”. Tornos explica que “pese a la compleja situación política, a lo largo del año 2020 se han aprobado un número importante de leyes y decretos ley”. Considera que “debe destacarse un año más el recurrente uso a la figura del decreto ley, debido seguramente a la debilidad parlamentaria del gobierno para la tramitación de proyectos de ley”.

En total, en Cataluña se aprobaron 10 leyes a lo largo del año pasado: La de supresión del Consejo Comarcal del Barcelonés; del Consejo Nacional de Cultura y de las Artes; de espacios agrarios de Cataluña; de asistencia social y servicios sociales; de la Agencia de salud Pública de Cataluña; la que garantiza la igualdad de derechos y la no discriminación de las personas con discapacidad sensorial; de modificación de la ley del Consejo Audiovisual y de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales; de medidas fiscales y financieras; de creación del Instituto Catalán de las Industrias Culturales; del cambio climático por lo que se refiere al impuesto sobre las emisiones del dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica, y la ley de puertos y de transporte en aguas marítimas y continentales.

Bebidas azucaradas

Asimismo, se aprobaron un total de 17 decretos ley, entre los que destaca el relativo a transporte de viajeros mediante alquiler de vehículos con conductor que trató de intervenir en el conflicto entre el sector de taxi y la VTC, así como el decreto ley por el que se crea el impuesto sobre bebidas azucaradas. El citado impuesto ya se había creado por la Ley 5/2017, de 28 de marzo, de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público, pero el desarrollo reglamentario fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, al considerar que se había producido un defecto formal en la tramitación.

Pleno del Parlament de Catalunya / POOL
Pleno del Parlament de Catalunya reducido por el coronavirus / POOL

El decreto ley de medidas urgentes para la emergencia climática y el impulso a las energías renovables sí que fue convalidado por unanimidad de todas las fuerzas parlamentarias, con el que se trata de impulsar el desarrollo de las energías renovables.

Rechazo del Parlament

Alude el catedrático a la derogación del decreto ley 9/2919 de medidas urgentes en materia de contención de rentas en los contratos de arrendamiento de vivienda y de modificación del libro quinto del Código civil en el ámbito de la prenda al no haber sido convalidado en el Parlament. La oposición rechazó convalidar un decreto ley que planteaba limitar el precio de alquiler en determinadas zonas en las que consideraba que existía especial presión en el mercado de la vivienda.

Si se aprobó en cambio el polémico decreto ley 17/2019 de 23 de diciembre con cuatro grandes objetivos: combatir las situaciones de emergencia habitacional y evitar el mayor número posible de desahucios, crear un nuevo modelo de vivienda protegida, aumentar las viviendas destinadas a arrendamiento y tratar de moderar los alquileres en el mercado libre.

Sede del Tribunal Constitucional (TC), en Madrid / EP
Sede del Tribunal Constitucional (TC), en Madrid / EP

Este decreto inducía a confusión respecto a las situación de ocupación de vivienda, por lo que el Govern aprobó una reforma, todavía más confusa y, a juicio del Consejo de Garantías Estatutarias y de los jueces de la Audiencia de Barcelona, era inconstitucional al vulnerar los derechos de los propietarios. El PP presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC), actualmente en trámite.

Diez sentencias del TC sobre el 'procés'

Tornos también se refiere en su análisis a la judicialización del procés, que dio lugar a “una importe diversidad de sentencias del Tribunal Constitucional”, un total de diez que tratan directa o indirectamente el tema, desde la declaración de independencia hasta el proceso judicial ante el Tribunal Supremo. El TC avaló la aplicación del artículo 155 CE, declaró también la inconstitucionalidad de la investidura telemática del fugado Carles Puigdemont, si bien admitió la posibilidad de usar ese sistema en circunstancias extraordinarias y reglamentariamente previstas. 


Menciona el jurista “una importante sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)”, que rechazó la demanda de 76 diputados del Parlamento de Cataluña que vieron vulnerados sus derechos por la suspensión dictada por el TC de un pleno parlamentario a celebrar el 9 de octubre de 2017 para valorar los resultados del referéndum. El TEDH alega que asegurar el cumplimiento de las resoluciones del TC como forma de preservar el orden constitucional es una finalidad legítima.