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Imagen del ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, centro del debate sobre morosidad  / EP

El Congreso debate este martes si endurece la ley de morosidad

El PP también defenderá la sanción de los retrasos deliberados de los pagos

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El PP defenderá este martes en el pleno del Congreso una iniciativa para endurecer la ley de morosidad para, entre otras medidas, establecer un régimen sancionador con el que combatir "el retraso intencionado de los pagos".

La proposición no de ley, que incluye las opción de diseñar campañas divulgativas contra la morosidad, tiene por objeto "concienciar a todos los agentes económicos de la necesidad de cumplimiento de los plazos de pago a sus proveedores y acreedores comerciales para un funcionamiento más eficiente de nuestra economía".

Los efectos sobre las pymes

Según el Boletín de Morosidad y Financiación Empresarial de diciembre de 2016 publicado por Cepyme y recogido por los populares en su iniciativa, el coste anual de la morosidad asciende a 869 millones de euros. Esta cifra es para el PP "inaceptable", pues afecta a la mitad de las pymes españolas, provocando reducciones de plantillas e incluso, lamentan, el cierre de la propia empresa.

El establecimiento de sanciones estaba en el paquete de medidas pactado entre el PP y Ciudadanos en agosto de 2016 para la investidura de Mariano Rajoy, donde acordaban la prohibición de poder acogerse a ventajas fiscales o en bonificaciones en las cotizaciones.

Retrasos de la Administración

De hecho, en la última sesión al control al Gobierno, el portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Juan Carlos Girauta, criticó que, pese a la mejora de los plazos, el período medio de pago infringía en 2016 los límites marcados en la legislación: en el sector privado se situaba en 77 cuando el plazo legal es de 60 días, y en el sector público de 71 días cuando el plazo es de 30.

Como respuesta, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunció una revisión de todos los contratos suscritos en la Administración pública para garantizar que tanto el sector público como la empresa contratada cumplen "escrupulosamente" la ley de morosidad.