El Parlament pone cerco a la corrupción en pleno 'caso 3%'

El Pleno del Parlamento catalán someterá a votación el miércoles por la tarde las conclusiones de la Comisión de Estudio de las medidas de Lucha contra la Corrupción y para la Regeneración Democrática, aprobadas el pasado 16 de marzo.

La sesión tiene lugar en un momento en que el foco mediático está concentrado en la antigua Convergència debido a la celebración del juicio por el expolio del Palau de la Música, donde acusados y testigos han desvelado nuevos datos sobre la supuesta financiación irregular de CDC mediante el cobro de comisiones por la adjudicación de obra pública.

Asimismo, la investigación judicial sobre el llamado caso 3% sigue su curso. Por todo ello, el expresidente catalán Artur Mas dio explicaciones en el Parlament la semana pasada.

Es precisamente el control sobre la obra pública que adjudican las Administraciones el que inspira la mayoría de las medidas aprobados en esa Comisión. Medidas que fueron consensuadas por todos los grupos parlamentarios, pero que podrían ser objeto de votación separada. Fuentes parlamentarias aseguran que ningún partido lo ha pedido, pero tendrían derecho a hacerlo. Las medidas llegan al Pleno después de que se aplazara varias veces su voto en comisión.

Más transparencia, menos 'puertas giratorias'

Esta Comisión se creó el 20 de enero de 2016 con representación de todos los grupos y bajo la presidencia del diputado de la CUP Benet Salellas. Tras un año de trabajos y las comparecencias de expertos en materia de corrupción, se aprobaron unas conclusiones que contienen 243 medidas a aplicar en los ámbitos de la transparencia, organismos de control, gestión pública, partidos políticos, ámbito judicial y legislativo –en este terreno se abordan asuntos cuya competencia es del Estado--, conflictos de interés e incompatibilidades, administración y función pública, contratación pública, subvenciones y urbanismo, medios de comunicación, ciudadanía, regeneración democrática y fraude fiscal.

Reforzar la transparencia en la contratación pública, reforzar el régimen de incompatibilidades para evitar las puertas giratorias, la obligación de que las empresas concesionarias de las Administraciones publiquen en su web corporativa todos los contratos firmados en los últimos 20 años con cualquier administración (especificando la cuantía, compañías subsidiarias y uniones temporales de empresas), mejorar el control de la contratación pública o generalizar las auditorías de gestión de las políticas son algunas de las sugerencias relativas a las licitaciones.

Entre las más llamativas, figura “evitar la contratación pública con proveedores que tengan cualquier relación con países considerados paraísos fiscales”, así como la prohibición de que los altos cargos puedan ser “titulares, ni autorizados, ni directamente, ni por medio de sociedades que tengan una participación superior al 5%, directa o indirectamente, por medio de parientes hasta el segundo grado, de cuentas bancarias o de otros activos financieros en países o territorios cualificados reglamentariamente de paraísos fiscales”.

Los grupos parlamentarios abogan por introducir un sistema de valoración bonus-malus para concurrir en los procedimientos de adjudicación de obra pública.

Discrepancias entre los partidos

JxSí, PSC, CSQP y la CUP aprobaron medidas en este sentido, mientras que el PP rechazó vetar a los procesados o investigados por corrupción en las listas electorales. Los populares y el PSC se abstuvieron en la votación sobre la limitación de los gastos electorales en un 50%. PP y Ciudadanos se abstuvieron, asimismo, en la votación que finalmente aprobó instar al Gobierno a que los delitos económicos vinculados con la corrupción tengan la prescripción más larga prevista en el Código Penal.

Incorporadas al dictamen quedaron varias propuestas del PSC, entre ellas la aprobación de una ley de función pública de Cataluña, la reforma de la ley de contratos del sector público, una reglamentación más estricta de las incompatibilidades, impulsar figuras de protección a aquellos trabajadores de la Administración que denuncien casos de corrupción y prohibir durante un tiempo superior a tres años la contratación de empresas cuyos directivos o personal hayan sido condenados por casos de corrupción o de financiación ilegal de partidos políticos.

Por unanimidad se aprobó en comisión defender “la tipificación de la financiación irregular de los partidos políticos como delito específico en el Código Penal e incluir la responsabilidad penal de los partidos políticos y los sindicatos”.

Entre otras recomendaciones, se prohíbe que las fundaciones de los partidos reciban ayudas o donaciones de las personas jurídicas que no pueden dar a los partidos políticos y suprimir los indultos en casos de delitos de corrupción. Asimismo, se introducen propuestas de despolitización del Ministerio Fiscal.