Colau apela al "interés general" para adjudicar vivienda protegida a Roures 'a dedo'

El gobierno de Barcelona, que encabeza Ada Colau (BComú), ha cedido un edificio municipal a una empresa de Grupo Mediapro sin concurso al apelar al "interés público". El Ejecutivo local ha comprado y entregará el inmueble a la filial del conglomerado que preside Jaume Roures pese a que incumplió la normativa municipal contra los paraísos fiscales y aunque aún no ha construido los pisos protegidos que prometió en el barrio de Poblenou. 

Ha ocurrido en en el número 56 de la Ronda Sant Pau de la capital catalana, edificación que el gabinete de Colau entregará a Coyoacan Invest SL, una participada por Mediapro que representa el propio Roures, según el Registro Mercantil. El objetivo es rehabilitar el Gimnasio Social Sant Pau, situado en los bajos del inmueble, y elevar 36 viviendas de VPO con precios "asequibles". No obstante, la adjudicación del derecho de superficie, por 55 años, se producirá sin concurso, alertan fuentes de la oposición municipal. 

Compra y cesión 'a dedo'

La cesión costará muy poco a la empresa de Roures. Apenas 959.000 euros, un "canon único" que Coyoacan pagará en un plazo de tres meses antes de construir y explotar toda la finca, que contendrá el gimnasio y los pisos protegidos. Antes de ello, el Ayuntamiento de Barcelona ha comprado el activo por 9,22 millones de euros a, precisamente, Roures. La Administración local ha pactado con la sociedad que la beneficiada reformará el gimnasio y construirá los pisos. 

La propuesta de adjudicación directa y con concurrencia a la empresa de Jaume Roures / CG

Todo ello puede tener un objetivo sólido: la permanencia de un gimnasio en peligro de cierre y la aportación de 36 viviendas más al parque de alquiler social, pero se hace sin licitación pública y esto ha creado malestar entre los partidos que no están en el gobierno de la Comunes y PSC. No hay rivales para Coyoacan, la firma de Jaume Roures. De hecho, lo admite el propio distrito de Ciutat Vella en su informe justificativo, en el que señala que la entrega del inmueble es "directa y sin concurrencia". 

"Interés público" y contra la "gentrificación"

El ayuntamiento justifica el procedimiento por el "interés público" de la operación. El distrito de Ciutat Vella, que lidera Jordi Rabassa (BComú), aduce razones de interés ciudadano para pagar la operación y cederle la explotación de la finca por menos de un millón de euros a 55 años. Concretamente, señala que el activo "reúne todas las condiciones para incrementar el parque de vivienda" en el barrio. 

Afirma que de este modo se contribuirá a "neutralizar la exclusión residencial en el distrito, la gentrificación y la infravivienda" en una zona de Ciutat Vella que está "especialmente degradada" y que sufre una "especialización excesiva de actividades económicas y pérdida de residentes y vida vecinal". 

Los pisos que prometió han embarrancado

De este modo, el gobierno municipal que preside Ada Colau vuelve a confiar en una empresa de Roures para construir vivienda social, pese a que el precedente anterior no ha sido precisamente exitoso. En 2019, el Ejecutivo local presentó la primera iniciativa de promoción delegada de pisos protegidos que confió a, también, Coyoacan. Las 47 viviendas tenían que elevarse en la pastilla conocida como Illa Sibèria en el distrito 22@ de la Ciudad Condal, pero que están pendientes de ejecutar. El retraso inicial de la iniciativa está vinculado al estallido de la pandemia, aunque las diferencias en el proyecto también han hecho mella en la iniciativa. 

Las obras de los pisos debían concluir este 2022, pero aún no hay ni un ladrillo colocado. El resto del chaflán, que desarrolla una promotora privada, sí está en plena transformación. 

Incumplimiento de la norma antiparaísos

Hay otra arista a los pactos entre el Ayuntamiento de Barcelona y Mediapro. Son la colisión contra el decreto de alcaldía de 2016 que fija que la Administración local "declara no tener relación jurídica" con empresas con vínculos en paraísos fiscales. Cabe recordar que el conglomerado audiovisual admitió que una filial de su cabecera, Imagina, pagó al menos un soborno a un ex alto directivo del fútbol por vía Panamá, que figura en la lista de "jurisdicciones no colaborativas" de la Unión Europea. Lo hizo en el marco del caso sobornos de Estados Unidos, un juicio que se iniciará en enero y que perseguirá el presunto el pago de mordidas a cambio de derechos televisivos.

Jaume Roures, presidente ejecutivo de Mediapro, en un acto pasado / EP

El protocolo de compra ética municipal no se ha aplicado a Mediapro, pero tampoco a ninguna otra empresa. Tampoco a Servisar, que es filial de DomusVi, el grupo de residencias para personas mayores con cabecera en la Isla de Jersey y que explota dos lotes del macrocontrato de atención domiciliaria en Barcelona, entre otras concesiones que están en el punto de mira de la oposición.