Barcelona da un contrato 'a dedo' a la gurú de las residencias

Barcelona ha aprobado una adjudicación sin concurrencia pública a favor de la empresa pilotada por Cinta Pascual, presidenta de la patronal de residencias de mayores, pese al gazapo urbanístico que ha generado su proyecto de geriátrico en el barrio de Les Corts. Este tropezón ha costado a la compañía una sanción municipal que no menoscaba su actividad en la ciudad. El ayuntamiento ha concedido un contrato de 2,7 millones de euros de forma directa para que el grupo familiar de Pascual reforme --con dinero público-- su residencia en la capital catalana sin impacto en la actividad mientras duren las obras. Se trata, tal y como indican desde el sector, de un encargo-puente. 

L'Onada Serveis, la firma de residencias de Pascual, rehabilitará su primer centro de atención a mayores en el municipio, un inmueble que está situado en el Parc del Guinardó y dispone de 45 plazas. Las obras las acomete Infraestructuras Municipales (BIMSA), la constructora municipal. Las mismas fuentes alertan de que el conglomerado se ha hecho con la adjudicación pública-puente para trasladar la operativa de ese centro a otro lugar de la ciudad por medio de este procedimiento negociado sin publicidad, por lo que no se ha podido contrastar si su propuesta era mejor o no que la de otros rivales potenciales. 

Ayuntamiento: "Garantizar la continuidad"

¿Qué dice el ayuntamiento? A preguntas de este medio, un portavoz municipal ha defendido la operación de la tenencia de alcaldía de Derechos Sociales, que pilota Laura Pérez (BComú). Ha alegado que la residencia "ya estaba gestionada por L'Onada", por lo que no se dará ningún cambio de fondo. Justifica el encargo en que el equipamiento "vivirá una reforma integral que se alargará durante más de un año", un periodo de tiempo en el que no se modificarán las necesidades de la ciudad para atender a la tercera edad. 

Imagen de la residencia Parc del Guinardó, actualmente bajo reforma municipal / Cedida

Explican que el consistorio detectó la necesidad de "gestionar un nuevo contrato para garantizar la continuidad y calidad asistencial en otro equipamiento que es propiedad de la misma empresa". Eso sí, desde la Administración local recuerdan que el centro "no es de titularidad municipal", sino que se trata de una externalización. 

Gazapo en Les Corts

Desde el sector se interpreta que la Administración local ha apoyado a L'Onada pese a que este operador está protagonizando una larga polémica con sus planes para construir una segunda residencia en Barcelona. Se trata del geriátrico sito en la antigua masía protegida de Can Capellanets, en el barrio de Les Corts, y que se encuentra en obras desde 2021. 

Los trabajos se han detenido porque su propietario, el Arzobispado de Barcelona, rescindió el contrato con la firma de Pascual por desavenencias, tal y como avanzó Metrópoli. Pero los técnicos de la empresa irrumpieron igualmente en la parcela para continuar las obras, hecho que propició que el ayuntamiento incoara un expediente de restitución patrimonial por daños a la edificación. 

Cercana al independentismo

L'Onada ha declinado contestar a la nueva polémica en la ciudad. Sí que han hablado de ella fuentes del sector. Recuerdan la "cercanía" de Pascual y su grupo empresarial a la esfera independentista. 

De hecho, la empresaria, también vicepresidenta de Foment del Treball, se acaba de significar por la candidatura de Junts per Catalunya liderada por  Xavier Trias. En un acto de apoyo de personalidades al aspirante neoconvergente, Pascual destacó que "estaba allí porque estás tú", en referencia al exalcalde entre 2015 y 2019. 

Citada en el 'caso Voloh', pero se archivó la causa

Antes, desde otros círculos --en sede parlamentaria, por ejemplo--, se vinculó a Pascual con ERC. Especialmente a raíz de su investigación judicial en una pieza separada del caso Voloh que concernía a los traslados de enfermos desde las residencias catalanas. 

La presidenta de ACRA, Cinta Pascual, protesta por las tarifas congeladas en el sector de la atención a los mayores / ACRA

El juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona llegó a imputar a la directiva a raíz de unas conversaciones intervenidas a Xavier Vendrell, exconsejero republicano, en las que aseguraba que había trasladado a ancianos enfermos desde algunos geriátricos y que algunos "murieron". El titular de la sala citó como investigada sin que la causa prosperase. La pieza que la salpicaba acabó archivada.

Portavoz del sector

La proximidad con los líderes del secesionismo de la empresaria han levantado algunas ampollas en el sector de las residencias, uno de los que más sufrió el coronavirus durante la primera fase de la pandemia. 

Desde la industria, algunos directivos lamentan que históricamente Pascual se erija como "portavoz incontestada" del sector mientras simultanea "posicionamientos políticos" y acumula "contratos públicos", algunos de ellos sin concurrencia, como este último logrado en Barcelona.