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Adam Majó, director de la Oficina de Derechos Civiles y Políticos de la Generalitat de Cataluña, un chiringuito 'indepe' del Govern / FOTOMONTAJE DE CG

El chollo ‘indepe’: 1.200 euros por cada protesta a cargo de la Generalitat

El exdirigente de la CUP al frente de la Oficina de Derechos Civiles, que cobra más que el presidente del Gobierno español, solo ha tramitado 38 denuncias en seis meses

17.03.2019 00:00 h.
6 min

Cobra más que el presidente del Gobierno español, 90.000 euros al año, y está al frente de uno de los tres chiringuitos ideados por Carles Puigdemont para escenificar una supuesta república catalana. Es Adam Majó, un exdirigente de la CUP que, en seis meses al frente de la Oficina de Derechos Civiles y Políticos solo ha tramitado 38 denuncias, seis de las cuales exceden de sus funciones.

Majó fue elegido en octubre de 2018 nuevo director de la Oficina de Derechos Civiles y Políticos. La creación de este nuevo órgano dependiente de la Generalitat pretendía un doble objetivo: abundar en la propaganda independentista, según la cual los catalanes están oprimidos, y hacer un guiño a los antisistema.

Concejal de la CUP en Manresa

En efecto, Majó fue concejal de la CUP en el Ayuntamiento de Manresa entre 2008 y 2015, así como consejero comarcal del Bages. En 2017 abandonó el partido por desavenencias con la dirección. Asimismo, fue comisionado del Centro Histórico de Manresa. A pesar de ese gesto cupaire, la formación anticapitalista dejó claro, a través de su portavoz Laia Estrada, que ello no supone ningún tipo de reconciliación con quienes no han sido capaces de implementar la república.

Así, este excupero licenciado en Filología alemana y jugador de rugby, pasó a ejercer un cargo que depende del vicepresidente económico, Pere Aragonès (ERC) y a cobrar un sueldo de 89.234 euros anuales, según indica el portal de la transparencia del Govern. Una cifra dada desdeñable si se tiene en cuenta que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, cobra 82.978 euros.

El cometido del director de la Oficina de Derechos Civiles y Políticos es "definir y coordinar" políticas en esta materia entre los distintos departamentos y "hacer seguimiento de las vulneraciones que se produzcan contra los derechos relacionados con la participación de las personas en la vida civil y política". Una función esta última que ya realiza el Síndic de Greuges --Defensor del Pueblo catalán-- y que no incluye ningún tipo de capacidad punitiva (de eso se encargan los cuerpos policiales y la Justicia).

Tipologías de reclamación

Según los datos facillitados por el propio departamento de Vicepresidencia, desde su puesta en marcha hace seis meses, esta oficina solo ha recibido 38 solicitudes de amparo de ciudadanos, seis de las cuales ni siquiera corresponden a su ámbito funcional, por lo que se han derivado al organismo competente. Es decir, poco más de seis denuncias al mes, lo que --teniendo en cuenta el sueldazo de Majó--, supone un gasto de 1.200 euros por denuncia a cargo de la Generalitat.

El presidente Quim Torra y el cantante Lluís Llach, que presidirá el Consejo Asesor del Fórum Cívico creado para implementar la república catalana / CG

El presidente Quim Torra y el cantante Lluís Llach, presidente del Consejo Asesor del Fórum Cívico / CG

Las principales tipologías de reclamación han sido la vulneración contra la libertad de expresión, reclamaciones sobre derechos de participación política, vulneraciones contra el derecho al honor y protestas por las actuaciones de los cuerpos y fuerzas de seguridad.

El proyecto de Puigdemont se desmorona

La Oficina de Derechos Civiles y Políticos es uno de los tres chiringuitos ideados por Puigdemont para la nueva legislatura constituida y presidida por Quim Torra tras la aplicación del artículo 155 y las elecciones catalanas. El tridente está completado por el Consejo de la República, con sede en Waterloo y pinchazo de inscritos --lo cual se traduce en problemas de financiación--, y el Foro Cívico y Social para el Debate Constituyente, que más allá de colocar personajes de relumbrón como Lluís Llach y Beatriz Talegón, poco o nada se sabe de sus actividades pues se dejó claro que su labor no era elaborar una 'constitución catalana'.

Un cuarto ente republicano, la Asamblea de Representantes, una especie de "parlamento paralelo" que debía reunirse dos veces al año, ni siquiera está constituida.