La pachorra de Torra: 142 días sin presupuestos

“Esto no os ha salido nada bien”, aseguró una diputada de la oposición al vicepresidente económico, Pere Aragonès, en los pasillos del Parlament. Se refería a la errática presentación de los presupuestos de la Generalitat para 2019. El republicano asintió. El Govern tenía que haber presentado los presupuestos de la Generalitat de 2019 en el Parlament para su debate y aprobación antes del 10 de octubre del año pasado. Así lo contempla la ley de Finanzas Públicas de Cataluña, mientras que la ley de Presidencia de la Generalitat establece que el Govern debe aprobar el proyecto de ley de presupuestos, presentarla en la Cámara catalana y, si no hay mayoría suficiente, retirarla.

Nada de eso ha sucedido bajo el mandato de Torra pues, 142 días después de que acabara el plazo para presentar las cuentas, ni el Consell Executiu las ha aprobado ni han sido tramitadas formalmente en la Cámara catalana. Para rizar el rizo, la Generalitat ha incluido ingresos por valor de 350 millones --inversiones de la disposición adicional del Estatut y partidas para Mossos d'Esquadra-- previstos en los Presupuestos Generales del Estado que los mismos independentistas tumbaron.

El 'president' se lava las manos

La presentación de las cuentas catalanas se limitó a una comparecencia parlamentaria del presidente catalán, acompañado del vicepresidente Aragonès, en quien encomendó todo el peso del debate. El republicano es el responsable de las finanzas catalanas, sí, pero la imagen que quedó en el Pleno es la de un presidente al que no interesaba o no dominaba el tema. Torra, quien recordó que “un presidente sin presupuestos tendría que dimitir” cuando la derecha y los independentistas tumbaron las cuentas de Pedro Sánchez, rechaza aplicarse esa receta y no convocará elecciones, por lo que condena a Cataluña a una segunda prórroga presupuestaria.

El vicepresidente Aragonès se comprometió, en la línea de lo exigido por Catalunya en Comú Podem y PSC, a reformar una parte del tramo autonómico del IRPF. “Proponemos aplicar el tipo máximo del 25,5% a partir de los 120.000 euros. En estos momentos se aplica a partir de 175.000 euros de base liquidable. Pasarlo a hacer a partir de 120.000 euros”, dijo el dirigente republicano, quien explicó que “es precisamente uno de los ámbitos donde el tipo medio efectivo, lo que se acaba pagando al final, lo tenemos por debajo de la media de otras comunidades autónomas”. El impacto de esta medida es de 16,3 millones de euros anuales.

Las propuestas de la izquierda

“Nosotros ya les decir dos maneras de abrir ventanas para conseguir más ingresos. Una era aprobar los Presupuestos Generales del Estado: 2.200 millones de euros en inversión y 2.000 millones de euros en transferencias corrientes. Y hacer una reforma fiscal un poco más valiente de la que nos plantea hoy. Creo que no lo hará. Pero en todo caso valiente porque realmente pedimos un esfuerzo mucho mayor en aquellos que no lo han hecho durante la crisis y creo que no están haciendo el esfuerzo”, afirmó la diputada del PSC, Alícia Romero durante esa inusual comparecencia de Torra y Aragonès en el Pleno del Parlament.

Por su parte, el diputado de los comunes David Cid retó al vicepresidente económico. “Si vamos con la reforma fiscal, vamos en serio, vamos a recuperar los ingresos que hemos perdido de su no a los presupuestos y vamos realmente a hacer una bolsa de 600 o 700 millones de euros para poder hacer realmente las políticas sociales que nosotros queremos. Porque, si no, al final, yo llego a la conclusión de que usted no quiere presupuestos, usted ha venido aquí a decir de quién es culpa de que no se puedan aprobar los presupuestos, pero no a un debate de presupuestos.

Una ley de acompañamiento "fantasma"

Esa reforma fiscal prometida por el vicepresidente catalán debería estar contemplada en la Ley de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat, conocida como “ley de acompañamiento”. Esta norma ni siquiera ha sido colgada en la web del departamento de Economía.

Pero los partidos de la oposición se han buscado la vida y han logrado acceder a la ley de acompañamiento a través del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC), órgano consultivo y de asesoramiento a la Generalitat en materias socioeconómicas, laborales y ocupacionales. El Govern envió ese proyecto de ley al CTESC, donde están representados CCOO y UGT, las patronales Foment del Treball, Pimec y Fepime, así como sindicatos agrarios, cooperativas y el tercer sector social. Sin embargo, esa reforma fiscal prometida por Aragonès en sede parlamentaria no aparece por ningún lado en la prolija ley.

Para Catalunya en Comú i Podem, el principal interlocutor del Govern en las negociaciones, pero también para el PSC, esa nueva fiscalidad es fundamental para alcanzar un acuerdo pues consideran que solo un aumento recaudatorio que grave a las rentas más altas puede garantizar ingresos suficientes que permitan revertir definitivamente los recortes aplicados por el expresidente Artur Mas en 2011, los más altos de España. Pero el Ejecutivo de Torra parece haber tirado la toalla.