El “chiringuito” de Derechos Civiles del Govern demoniza el constitucionalismo en Verges

Cuatro asociaciones han pedido la dimisión del director de la Oficina de Derechos Civiles y Políticos, Adam Majó, por su falta de neutralidad en los sucesos ocurridos ayer en Verges (Girona) donde los Mossos d’Esquadra tuvieron que intervenir en una pelea entre vecinos y un grupo de personas que intentaban retirar símbolos independentistas de las calles de este municipio.

Majó, exdirigente de la CUP, está al frente de esta Oficina, creada por la Generalitat, cobra más que el presidente español Pedro Sánchez --89.234 euros anuales—y su finalidad es "hacer seguimiento de las vulneraciones que se produzcan contra los derechos relacionados con la participación de las personas en la vida civil y política". Una función que ya realiza el Síndic de Greuges --Defensor del Pueblo catalán-- y que no incluye ningún tipo de capacidad punitiva (de eso se encargan los cuerpos policiales y la Justicia).

Las asociaciones Aixeca’t, Impulso Ciudadano, S’ha Acabat y Cataluña por España, integrantes de la iniciativa Lloc Net, Joc Net (Espacio limpio, Juego Limpio) “lamentan profundamente los graves incidentes que acontecieron ayer en el municipio de Verges (Girona), generados por la presencia de estelades en las farolas públicas de esa población”.

Colocación de banderas

La colocación de estas banderas, afirma esta plataforma, ha sido posible “por la colaboración del Ayuntamiento de esa localidad. En este sentido, cabe recordar que las Administraciones Públicas (y un ayuntamiento lo es) no pueden ser actores en las contiendas electorales. Es notorio que el Ayuntamiento de Verges ha optado por apoyar a las candidaturas independentistas, incumpliendo así una de las reglas esenciales de los procesos electorales”.

La colocación de estos símbolos, avisan, “es contraria a la normativa relacionada con la neutralidad institucional. Pese a ello, la Junta Electoral Provincial de Girona ignoró deliberadamente las resoluciones de la Junta Electoral Central, del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que han declarado ilegal la presencia de las banderas estelades en todo momento y, especialmente, en períodos electorales”.

"Actitud timorata" de la Junta Electoral de Girona

Las asociaciones consideran que “la actitud timorata y cómplice de la Junta Electoral Provincial de Girona (que ya se vio reflejada en resoluciones anteriores que han tenido que ser corregidas por las instancias superiores, como en el caso de la presencia de lazos amarillos en la Universidad de Girona) le hace corresponsable de los enfrentamientos de hoy, al haber consentido la colocación en el espacio público de símbolos manifiestamente ilegales”.

Anuncian que informarán de lo ocurrido a la Junta Electoral Central de estos incidentes “y de la negativa de la Junta Electoral Provincial de Girona a ordenar la retirada de símbolos partidistas de espacios no autorizados durante el período electoral, para que adopte las medidas oportunas”.

Consideran “inaceptable” el comportamiento de la Oficina de Derechos Civiles y Políticos de la Generalitat de Cataluña. Una vez más ha adoptado el papel de agitador de la propaganda nacionalista, alineándose con los que vulneran las reglas de la neutralidad institucional”. Por ello, solicitan la dimisión del director de esta Oficina, Adam Majó, “por arremeter contra ciudadanos constitucionalistas que actúan en defensa de unos espacios públicos de todos, un derecho reconocido por los tribunales y no solo para el periodo electoral”.