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Elisenda Paluzie, presidenta de la ANC, habitual de los boicots indepes / EP

Boicots 'indepes': una tradición de largo recorrido y poco éxito

El nacionalismo catalán lleva años señalando y acosando a los empresarios que se oponen al proyecto secesionista mediante campañas en las que han participado activamente entidades y políticos

01.07.2019 00:00 h.
12 min

La Assemblea Nacional Catalana (ANC) lanzó hace unos días un registro de las empresas que apoyan la secesión de Cataluña. La campaña Consum estratègic anima a los partidarios de la ruptura a boicotear las compañías que se oponen a la independencia --que se pueden consultar a través de un buscador online-- y consumir únicamente productos y servicios procedentes de aquellas sociedades favorables al procés.

El boicot --similar a otros realizados anteriormente-- ha generado fuertes críticas por parte de las formaciones constitucionalistas --a excepción de Podem, que ha apelado a la “libertad” de la “entidad social”-- y de organizaciones como Foment del Treball, Pimec, Empresaris de Catalunya --que ha amenazado con acudir a los tribunales-- y CCOO. Mientras que JxCat, ERC y la CUP han rechazado condenar la iniciativa en el Parlament. La historia de los boicots económicos promovidos por el independentismo catalán es larga y ha sido especialmente intensa en los últimos años, aunque está plagada de fracasos. Estos son algunos de los más relevantes.

Retirada ‘masiva’ de efectivo de los bancos

El 20 de octubre de 2017, la ANC y Òmnium Cultural impulsaron una retirada masiva de efectivo de los cinco bancos principales en Cataluña (Caixabank, Sabadell, Bankia, BBVA y Santander) --155 euros por cliente-- como medida de protesta contra la detención de los presidentes de ambas organizaciones independentistas --Jordi Sànchez y Jordi Cuixart-- por su implicación en el procés, contra la amenaza de la aplicación del 155 y contra la decisión de Caixabank y Sabadell de trasladar sus sedes sociales fuera de Cataluña.

La operación (bajo el hashtag #LaForçaDeLaGent) recibió el apoyo de los Comités de Defensa de la República (CDR) y de destacados políticos convergentes (Laura Borràs, entonces directora de la Institución de las Letras Catalanas), de ERC (Joan Tardà) y de JxSí (Lluís Llach). Sin embargo, no tuvo ninguna trascendencia, más allá de pequeñas colas en algunas sucursales. De hecho, en las redes hubo agrias mofas contra algunos activistas que realizaron extracciones en cajeros ajenos a su entidad y tuvieron que abonar la comisión correspondiente.

Insumisión fiscal

En 2012, un grupo de empresarios inició una campaña para pagar el IRPF, el IVA y el Impuesto de Sociedades a la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) en vez de a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). Agrupados bajo la denominación Catalunya diu prou​ (Cataluña dice basta), los activistas animaron a todos los empresarios, ciudadanos y administraciones locales a seguir su ejemplo de “insumisión fiscal”, tal y como había propuesto unos meses antes el polémico eurodiputado de CiU Ramon Tremosa. La campaña cosechó un rotundo fracaso: apenas medio centenar de sociedades, ayuntamientos y contribuyentes se apuntaron a la iniciativa. Y la AEAT transfirió posteriormente sus impuestos a Hacienda.

Pero han sido varios los intentos infructuosos de los independentistas de pagar los impuestos del Estado a la Generalitat. En 2014, Ernest Maragall --entonces candidato de ERC a las europeas-- se sumó a la campaña y animó a todos los ciudadanos a hacerlo. Meses después se apuntaron a la iniciativa la Associació Catalana de Municipis (ACM) --con el actual consejero de Interior, Miquel Buch (entonces de CDC), a la cabeza-- y la Associació de Municipis per la Independència (AMI). Incluso ICV, EUiA y Podemos votaron a favor de que la Diputación de Barcelona se adhiriese a la insumisión fiscal a finales de 2015. El fiasco fue total: solo 178 empresas y consumidores y 104 entes públicos secundaron el independentismo fiscal ese año. Y así ha continuado en los años siguientes. A pesar de ello, la nueva vicepresidenta de la Cámara de Comercio de Barcelona, Mònica Roca (que sustituirá a Joan Canadell al frente de la entidad dentro de dos años), acaba de anunciar que promoverán la insumisión fiscal entre el empresariado.

“No quiero pagar” los peajes

En 2012, activistas independentistas pusieron en marcha la campaña No vull pagar (No quiero pagar) consistente en saltarse sin pagar los peajes de las autopistas en Cataluña por considerar que servían para “financiar las infraestructuras del resto de España”. La iniciativa fue apoyada activamente por ERC, la CUP y Solidaritat Catalana per la Independència. También participaron el actual presidente de la Generalitat, Quim Torra, y la actual diputada del PDeCAT en el Congreso Míriam Nogueras.

Tras varias jornadas en las que miles de conductores sembraron el caos viario y obligaron a los empleados de los peajes a levantar las barreras, comenzaron a llegar las sanciones del Servicio Catalán de Tráfico y el movimiento se desinfló. Posteriormente, los CDR han protagonizado nuevos asaltos puntuales a peajes para reivindicar la secesión de Cataluña.

peajes

Campaña 'No vull pagar' / FACEBOOK

“Parar la economía catalana”

En noviembre de 2013, el líder de ERC, Oriol Junqueras, se descolgó con una insólita amenaza al Gobierno si este no autorizaba la consulta independentista que preparaba la Generalitat. “Y puesto que nosotros hemos demostrado que podemos poner dos millones de personas en las carreteras de Cataluña, ¿alguien cree que no somos capaces de parar la economía catalana durante una semana? Y si lo hacemos, ¿qué impacto tiene sobre el PIB español? ¿Y qué opinión tendrán los acreedores de la deuda española? ¿Y qué pasa con la prima de riesgo española? Por tanto, nosotros también tenemos nuestros instrumentos”, señaló durante un acto en el Parlamento Europeo.

Pese a las críticas que recibió por esta suerte de autoboicot para perjudicar a España, Junqueras insistió en sus advertencias dos meses después. Aunque nunca se ha atrevido a llevar adelante las amenazas.

El cava de Freixenet

La empresa de cava Freixenet fue víctima de un boicot en 2014 a causa del spot navideño en el que brindaba “por los próximos cien años juntos” y por la posición del presidente de la compañía, de la Feria de Barcelona y de la Cámara de Comercio de España, Josep Lluís Bonet, en contra de la secesión.

La diputada de CiU en el Parlament Elena Ribera, un dirigente de ERC del Penedès y las juventudes de ERC animaron a dejar de comprar productos de Freixenet. El boicot fue un fracaso porque la caída de ventas en Cataluña se compensó con una aumento de la facturación en el resto de España. Los boicots independentistas contra la compañía se han repetido en años posteriores, pero tampoco han tenido éxito.

Juguetes y comercios en castellano

La Plataforma per la Llengua es una de las entidades que más boicots ha promovido. La entidad subvencionada, en las navidades de 2014, animaba en las escuelas catalanas a denunciar a los fabricantes de juguetes que únicamente utilizaban el castellano en sus productos. Una campaña que ha repetido en años posteriores y que se ha complementado con peticiones de multas a Playmobil y Lego por el mismo motivo.

La entidad nacionalista también lanzó hace dos años una app para señalar a los comercios que no atendían en catalán, lo que recibió numerosas críticas. Unos ataques que han ampliado contra todo tipo de empresas por rotular sus productos en castellano, como el caso de los zumos Granini, sin demasiado seguimiento.

Boicots por la lengua

La lengua ha sido motivo de múltiples boicots por parte del nacionalismo catalán. En 2008, Air Berlin fue objeto de boicot por utilizar el castellano en sus comunicaciones (llegaron incluso a tildar a la aerolínea de “nazi”).

La Plataforma per la Llengua incentivó otro boicot contra Telecinco por firmar el Manifiesto por la lengua común, en defensa del bilingüismo en las comunidades con dos lenguas oficiales. Y la pizzería Bo di Napoli fue acosada tras ser acusada falsamente de no disponer de cartas en catalán.

Redes sociales

En las redes sociales son frecuentes las campañas anónimas de boicot contra los empresarios que se han posicionado abiertamente en contra de la independencia de Cataluña. Es el caso del líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Josep Bou, que ha sufrido los llamamientos en las redes sociales a dejar de comprar productos procedentes de su grupo, dedicado a la elaboración pan y artículos de pastelería.

De igual forma, una horchatería de Poble Nou (Barcelona) fue víctima de un boicot por haber acogido una visita de la candidata de Cs por Barcelona, Inés Arrimadas, en las pasadas elecciones generales. Y la empresaria del calzado Úrsula Mascaró también fue señalada por oponerse al independentismo.

‘Botiflers’

Los hermanos Roca sufrieron la ira del nacionalismo radical por ofrecer un espacio para acoger los Premios Princesa de Girona, después de que el ayuntamiento rechazase que la ceremonia se celebrase en el auditorio de la ciudad. Todo ello a pesar de que los cocineros habían repartido comida a los voluntarios durante la jornada del 1-O.

También el Fòrum Gastronòmic sufrió un boicot independentista tras romper con la empresa de Josep Maria Matamala, el empresario que más cerca ha estado de Carles Puigdemont durante su etapa como prófugo de la justicia española.

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