El 'exconseller' de Cultura de la Generalitat Lluís Puig / EP

El 'exconseller' de Cultura de la Generalitat Lluís Puig / EP

Política

Bélgica aplaza la decisión sobre la extradición de Lluís Puig al 30 de marzo

El tribunal de primera instancia de Bruselas ha escuchado durante tres horas a las partes implicadas y ha ordenado un retiro y continuar la vista dentro de un mes

24 febrero, 2020 14:10

La justicia belga ha aplazado hasta el 30 de marzo la decisión sobre la euroorden de extradición que pesa sobre el exconsejero de Cultura Lluís Puig, implicado en la causa del procés que juzga el Tribunal Supremo. Así lo ha anunciado el abogado defensor del político, Gonzalo Boye.

El juez encargado del caso ha decidido continuar la vista de este martes a finales del mes que viene, después de escuchar las alegaciones de la defensa y la Fiscalía belga.

Comparecencia

El tribunal de primera instancia de Bruselas ha escuchado durante tres horas a las partes implicadas y ha ordenado un retiro y continuar la vista dentro de unas semanas. El caso de Puig se estudia al margen de las euroórdenes sobre Carles Puigdemont y Toni Comín, dado que ellos dos son eurodiputados y tienen inmunidad, y están pendientes del suplicatorio del Parlamento Europeo.

El abogado Gonzalo Boye, que también defiende a Puig, ha asegurado ante el tribunal que el exconsejero sufriría una "vulneración de derechos fundamentales" si fuera extraditado a España. Asimismo ha expuesto que el delito de malversación por el que se le reclama no es equivalente en la legislación belga.

Euroorden

La Fiscalía continúa defendiendo su entrega después de que el Tribunal Supremo remitiera por tercera vez la orden de extradición al exresponsable de Cultura de la Generalitat por la causa del procés.

Puig lleva huido de la Justicia española más de 860 días y tiene otra causas abiertas como el del traslado de las obras de Sijena. Hace un mes, la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Huesca, Marina Rodríguez, volvió a recordar al exconsejero que debía pagar 88.000 euros por su presunta desobediencia al negarse a devolver 44 bienes del Real Monasterio de Santa María de Sijena (Huesca) depositados en el Museu de Lleida y que el Gobierno de Aragón recuperó en 2017.