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El comisario jubilado José Manuel Villarejo sale tras declarar en una nueva sesión del juicio por la operación ‘Tándem’ / EP

Los bandazos independentistas con la vinculación del CNI y el atentado terrorista de las Ramblas

El Govern, que silenció a los mossos que contactaron con la CIA, exculpó a la inteligencia española de “conocer el 17A”, para luego dar credibilidad a Villarejo; Aragonès recula ahora

6 min

Cataluña vivió su año más convulso en 2017, pues en pocas semanas se sucedieron los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils, el referéndum, la declaración unilateral de independencia (DUI), la aplicación del artículo 155 y las elecciones autonómicas. Asimismo, y sin apenas solución de continuidad, los Mossos d’Esquadra pasarían de héroes a villanos al pasar por un tamiz procesista del que todavía no se han recuperado. La reciente purga de la cúpula policial decretada por el consejero de Interior, Joan Ignasi Elena, y la reacción del independentismo a las teorías conspirativas del comisario Villarejo así lo demuestran.

Y es que, en estos cinco años, el Govern ha dado varios bandazos respecto a la vinculación del CNI con el imán de Ripoll y los supuestos fallos en la cadena de información policial. El último estuvo protagonizado por el presidente Pere Aragonès, que en una conferencia en Madrid reculó y cuestionó la credibilidad de Villarejo.

Desde un primer momento, es decir, tras los atentados, la Generalitat azuzó la sospecha de que los servicios de inteligencia fallaron. De ahí que impulsaran en el Parlament una comisión de investigación sobre el 17A para pedir explicaciones a los máximos responsables del Gobierno de Mariano Rajoy, al tiempo que intentaban tapar otros hechos que afectaban a los Mossos d’Esquadra: sus contactos con la CIA dos meses antes del ataque y el aviso que hizo la policía belga sobre el imán.

Comisión parlamentaria

En efecto, Junts per Catalunya y ERC vetaron la comparecencia parlamentaria de Manel Castellví y Lluís Paradell, los dos mandos de los Mossos d’Esquadra que viajaron a Washington para reunirse con los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Junto a Castellví, exjefe de la Comisaría de Información --pasó a la reserva tras caer en desgracia por desmontar el procés en su declaración en el juicio del Tribunal Supremo--, y Paradell, jefe del Área Central de Análisis de la Comisaría General de Información de la policía autonómica, se desplazó a la capital americana el sargento Daniel Canals, quien al parecer deslumbró a la CIA, que intentó ficharle. Canals fue quien recibió la información de un agente belga de que el imán de Ripoll se movía en círculos radicalizados del islamismo y que para la policía de este país, era sospechoso de yihadismo.

El Govern, que había negado estos contactos, acabó admitiendo que sí se había producido la comunicación, pero que había sido oficiosa. Los Mossos no le dieron importancia: por esa razón ni avisaron a la inteligencia española ni sometieron a vigilancia al imán. Castellví y Paradell declararon finalmente, pues el resto de partidos, incluida la CUP, votaron a favor de esa comparecencia, que se hizo a puerta cerrada.

En julio de 2020, la Comisión de Investigación del Parlament votó el dictamen, donde, entre otras cuestiones, se instaba a intensificar la colaboración entre los cuerpos policiales. Y se exculpaba al CNI de cualquier “encubrimiento” de los atentados.

"Descartadas las especulaciones"

“De la condición de confidente del Centro Nacional de Inteligencia del imán Es Satty, acreditada por la comisión, no puede desprenderse de que dicho servicio de inteligencia conociera la intención del imán de promover o cometer los atentados. Escuchadas las diferentes comparecencias, se descartan taxativamente las especulaciones que, de forma implícita o explícita, señalaban al CNI como conocedores y hasta encubridores de los atentados”, indicaba el informe aprobado.

Josep Lluís Trapero, exmayor de los Mossos, en una comparecencia pública anterior / EFE
Josep Lluís Trapero, exmayor de los Mossos, en una comparecencia pública anterior / EFE

En aquella fecha, 2020, tanto Castellví como el mayor Josep Lluís Trapero, ya habían caído en desgracia. Los Mossos d’Esquadra, ensalzados como “policía integral” y pilar de la futura Cataluña independiente, pasaron a estar bajo sospecha por sus intervenciones en protestas radicales de los CDR. El progresivo desmarque de Trapero del procés culminó con su absolución en la Audiencia Nacional. Fue restituido en el cargo, pero solo duró un año, ya que fue cesado por Elena en el marco de una reestructuración de la cúpula policial que, a juicio de la oposición, huele a purga.

En plena polémica por esas destituciones, llegaron las declaraciones judiciales de Villarejo, en las que acusaba al CNI de propiciar el atentado yihadista en Cataluña. Ayer matizó sus palabras, pero el independentismo ha dado credibilidad al mismo comisario que, en muchas intervenciones parlamentarias, puso como ejemplo de las “cloacas del Estado opresor”.