La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, junto a la consellera de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat, Mònica Martínez Bravo, un centro para la regularización este lunes en Barcelona
Elma Saiz vincula la regularización de extranjeros a la sostenibilidad económica
La ministra de Inclusión defiende la gestión migratoria en Barcelona y calcula que el PIB español perdería un 14% si se reducen los flujos de entrada
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La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y la consellera de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat, Mònica Martínez Bravo, han visitado este lunes por la mañana un centro de atención y acompañamiento del Ayuntamiento de Barcelona.
Las dos responsables institucionales se han desplazado al recinto municipal para supervisar las instalaciones destinadas a la regularización extraordinaria de migrantes.
Parte de medidas de la Generalitat
Saiz ha destacado que estos centros municipales de atención se suman al paquete de medidas adoptadas por la Generalitat para colaborar en el proceso.
La ministra ha manifestado su posición a través de una publicación en la red social X: "Cuando las administraciones remamos a favor del bien común, todos ganamos".
No pretenden frenar las regularizaciones
Fiel a la línea de defender la gestión mediante datos económicos, la ministra ha contrapuesto las estadísticas frente a las proclamas contrarias a la inmigración. Saiz ha asegurado que, si los flujos de extranjeros se redujeran un 30% durante los próximos años, España se arriesgaría a perder un 14% de la renta nacional y un 22% de la renta por persona.
El balance cuantitativo calcula también grandes costes sectoriales. Según el gobierno español, un freno en las regularizaciones provocaría la pérdida de más de 220.000 explotaciones agrícolas por año y restaría un 20% del personal dedicado a las tareas de cuidados.
Por este motivo, ha defendido que una entrada de trabajadores "bien gestionada es una enorme oportunidad" económica.
Lo que España ha hecho en 20 años los demás lo han hecho en 60
Antón Costas, presidente del CES, ha señalado que la irregularidad administrativa constituye el principal factor de precariedad laboral y de 'cronificación' de la pobreza en el mercado de trabajo nacional. Según los datos del informe sectorial, durante los primeros cinco años de residencia existe una diferencia salarial de casi el 30% entre un trabajador de procedencia extranjera y uno autóctono.
Ante esta situación, el presidente del CTESC, Ciriaco Hidalgo, ha planteado que disfunciones como la temporalidad o la sobrecualificación restan eficiencia al tejido productivo, por lo que ha calificado la integración laboral de estrategia económica.
El documento sitúa a España como el cuarto país del mundo en volumen de población inmigrante, con 10 millones de personas, por detrás de Estados Unidos, Alemania e Inglaterra. El análisis destaca como el mercado español ha alcanzado esta cifra en un periodo de entre 20 y 25 años, mientras que el resto de las potencias occidentales registraron una evolución similar a lo largo de seis décadas.
Formación a 4.200 trabajadores para agilizar el trámite en Cataluña
Durante la apertura de la jornada académica, la consellera Mònica Martínez Bravo ha subrayado el nivel de consenso institucional que ha generado el actual proceso de regularización extraordinaria entre las diferentes administraciones públicas y los agentes sociales.
En el ámbito de las competencias regionales, la Generalitat ha desplegado un programa de acompañamiento para dar soporte a la iniciativa del gobierno de España.
Hasta el momento, Cataluña ha impartido 43 sesiones formativas que han permitido instruir a 4.200 personas con el objetivo de difundir los requisitos técnicos del procedimiento de regularización.
