La cola en la puerta del Consulado de Colombia en Barcelona este miércoles, 15 de abril

La cola en la puerta del Consulado de Colombia en Barcelona este miércoles, 15 de abril SIMÓN SÁNCHEZ

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La regularización arranca atascada en Barcelona: "Necesito el papel para trabajar"

El primer día del proceso dispara la actividad en consulados y asesorías mientras crecen las dudas sobre la capacidad administrativa para absorber cientos de miles de solicitudes

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A las doce del mediodía, la cola del Consulado de Colombia en Barcelona seguía doblando la esquina.

Algunos habían llegado cuatro horas antes. Nadie quería perder el turno en el primer día de la regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno.

Para muchos, el proceso empieza antes de presentar una solicitud: empieza aquí, esperando un certificado, renovando un pasaporte o intentando descifrar qué papel hará falta mañana. Había quien acudía por los antecedentes penales, requisito clave del procedimiento. Otros aprovechaban para resolver trámites pendientes que también pueden resultar decisivos en las próximas semanas.

La cola a las puertas del Consulado de Colombia, en Barcelona, 24 horas después de la aprobación de la regularización masiva

La cola a las puertas del Consulado de Colombia, en Barcelona, 24 horas después de la aprobación de la regularización masiva SIMÓN SÁNCHEZ

Andrés, trabajador de la construcción, llegó a las 8:30. Intentó pedir sus antecedentes por Internet, aunque asegura que el sistema no le permitió completar el proceso. Prefirió acudir en persona. "Necesito un papel para poder trabajar bien aquí", resumió el solicitante desde la cola.

Una ventana con fecha de cierre

La regularización permitirá solicitar una autorización de residencia de un año a personas extranjeras que ya estuvieran en España antes del 1 de enero de 2026 y puedan acreditar cinco meses de permanencia continuada en el momento de presentar la solicitud. El plazo estará abierto hasta el 30 de junio.

El permiso incluirá autorización para trabajar desde el primer día en cualquier sector y en todo el territorio estatal.

El Ejecutivo ha defendido la medida como una vía para aflorar situaciones de irregularidad prolongada y dar salida a personas que viven y trabajan en España al margen de los cauces ordinarios.

Aunque las previsiones iniciales situaban el umbral en el medio millón de beneficiarios en el conjunto del país, estimaciones más recientes elevan la cifra potencial hasta las 750.000 solicitudes.

Trabajar, viajar, cotizar

María Cristina, residente en Barcelona desde hace dos años y medio, esperaba desde hacía una hora para recoger documentación. Ya se ha informado con amistades que pasaron por trámites similares y también con abogados. Tiene padrón y ve la regularización como una oportunidad inmediata. "Podré trabajar bien y podré aportar a la Seguridad Social".

Mauricio, que cumplirá cuatro años en España, pone el foco en la movilidad. Quiere ordenar su situación y ganar margen para moverse dentro y fuera del país. "Es muy importante. Podrás viajar, volver y buscar mejores oportunidades".

Natalia esperaba recoger el pasaporte. Lleva más de dos años vinculada a Barcelona y resume a Crónica Global que para ella está en juego el empleo, la estabilidad y la familia. "Quiero una residencia para poder trabajar, tener vacaciones, un salario fijo y volver a ver a mi familia en Colombia".

La abogacía pide no improvisar

Quim Clavaguera, responsable de la comisión de Extranjería del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB), califica el decreto como una herramienta necesaria para reintegrar a quienes habían quedado excluidos de los cauces ordinarios.

El jurista pone el acento en la complejidad técnica del proceso, pues recuerda que cada expediente puede depender de fechas, pruebas de permanencia, documentos extranjeros, traducciones, plazos o circunstancias familiares distintas.

En ese contexto, pide no improvisar. Un error documental, una solicitud mal enfocada o la omisión de un requisito pueden traducirse en retrasos largos o directamente en una denegación.

En las últimas semanas, añade: "Las consultas se han disparado". Ocurrió cuando empezó a hablarse de la regularización y volvió a intensificarse con la publicación del texto definitivo.

La puerta del edificio en el que se ubica el Consulado de Colombia, en Barcelona

La puerta del edificio en el que se ubica el Consulado de Colombia, en Barcelona SIMÓN SÁNCHEZ

El papel que lo puede bloquear todo

Uno de los puntos más sensibles del decreto es el certificado de antecedentes penales.

Frente a los borradores iniciales, que sugerían la posibilidad de usar una declaración responsable si no había respuesta oficial, el texto final impone una fórmula de control rigurosa. El Consejo de Estado se había opuesto a la equiparación de la declaración responsable con el certificado de antecedentes penales.

Se encargará España

Si el interesado acredita haber solicitado el certificado hace más de un mes sin recibirlo, podrá presentar la solicitud bajo la condición de autorizar al Estado español a verificar dicha información por vía diplomática.

Este mecanismo refuerza el control de seguridad, pero traslada la incertidumbre al ámbito consular.

No todos los países emiten certificados con la misma rapidez, ni todos los consulados tienen la misma capacidad de respuesta. Tampoco todos los solicitantes cuentan con los mismos recursos para gestionar tasas, desplazamientos o citas previas.

Asesorías saturadas

Desde la asesoría Legalizados definen el arranque de la jornada como "caótico".

Explican que el aluvión de consultas ha sido inmediato. Personas que preguntan si cumplen requisitos, qué documentos sirven, cómo acreditar permanencia o qué hacer si todavía no tienen antecedentes penales.

El despacho detecta además zonas grises en la aplicación práctica de la norma. La principal gira en torno al llamado informe de vulnerabilidad previsto para algunos supuestos. El decreto menciona a ONG, sindicatos y entidades colaboradoras, aunque persisten dudas sobre modelos válidos, pruebas exigibles y criterios concretos de emisión.

Dudas futuras

Otra advertencia apunta al mercado laboral. Tener permiso para trabajar no garantiza una contratación automática.

Según explican desde la asesoría legal, persiste el riesgo de que la empresa privada muestre reticencias a formalizar contratos con estas nuevas autorizaciones, evidenciando que la eliminación de la barrera legal no conlleva necesariamente la desaparición de los prejuicios en la contratación real.

Un sistema ya tensionado

Comisiones Obreras, por su parte, centra sus críticas en el diseño del operativo y en la falta de refuerzo estructural donde, a su juicio, más falta hace.

El sindicato sostiene que el Gobierno ha organizado la recogida documental a través de oficinas seleccionadas y otros puntos habilitados, dejando en segundo plano a las oficinas de Extranjería, precisamente el personal que acumula experiencia directa en este tipo de expedientes.

CCOO cuestiona además el uso político de la palabra refuerzo. Según denuncia, los nuevos recursos no se han incorporado a las plantillas ordinarias que ya arrastran carga crónica de trabajo. El resultado, advierten, es que se lanza un proceso extraordinario sin resolver el atasco previo.

Barcelona aparece como ejemplo recurrente en su diagnóstico. La organización asegura que la oficina local soporta una presión constante y que buena parte del problema no responde a una campaña puntual, sino a una insuficiencia sostenida de medios humanos.

También alerta de un efecto diferido. La regularización no termina cuando se concede el permiso inicial. Después llegarán renovaciones, modificaciones de autorizaciones, reagrupaciones familiares y nuevos expedientes vinculados a quienes entren ahora en el sistema.