El 'conseller' de Presidencia, Albert Dalmau EUROPA PRESS
De Vox a la CUP: la reforma de la Administración de la Generalitat logra su primera victoria en el Parlament
El derecho a equivocarse en los trámites y la simplificación del lenguaje en las comunicaciones genera un amplio consenso en la Cámara
Entrevista: Carles Ramió guía a Cataluña en la reforma de la Generalitat: “La ciudadanía no debe notar que interactúa con la IA”
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La primera de las reformas legislativas puestas en marcha en el camino hacia la reforma de la Administración de la Generalitat ha aunado un amplio consenso en la votación del Parlament de Cataluña este miércoles.
La Cámara ha aprobado la proposición de ley que reconoce el derecho al error de los catalanes en la cumplimentación de trámites, simplifica el lenguaje en las comunicaciones de este tipo y elimina la cita previa obligatoria.
Han votado a favor grupos parlamentarios de tan distinto color como la mayoría progresista que hizo posible la investidura del president Salvador Illa --PSC-Units, ERC y Comuns--, los independentistas de derechas Junts y de izquierda CUP, y la ultraderecha de Vox.
Asimismo, no ha recibido votos en contra, tan solo las abstenciones del PP y de Aliança Catalana.
Primera reforma
Se trata de una de las principales medidas impulsadas por el conseller de Presidencia, Albert Dalmau, asesorado por la CETRA, comisión de expertos que preside Carles Ramió. Esta presentó su informe el pasado lunes en un solemne acto al que fue invitado al presidente del Parlament, Josep Rull, elevando la cuestión a misión de país.
De esta manera, la reforma allana el camino hacia el resto de modificaciones legislativas llamadas a completar la reforma. Una de ellas, la destinada a profesionalizar la dirección pública, estableciendo un proceso de selección meritocrático de directores generales de conselleries y empresas públicas para evitar ceses masivos cuando cambie el Govern.
También la que hará más competenciales y menos memorísticos los concursos de oposiciones, y los agilizará en un 60%, haciendo asimismo que sean anuales.
Carles Ramió, presidente del grupo de expertos de la reforma de la Administración de la Generalitat, en la presentación de su informe
Derecho al error
La norma aprobada este miércoles contempla el derecho de la ciudadanía a rectificar y a no ser perjudicada por errores que no ha cometido de mala fe, algo que sí tenía reconocido a su favor la propia Administración. Esto abrirá "una nueva relación basada en la confianza mutua" y con mecanismos para evitar sanciones derivadas de errores cometidos de manera no fraudulenta.
De la misma manera, los empleados públicos solo podrán ser castigados por sus acciones u omisiones cuando resulte una negligencia grave por mala fe, lo que paliará la conocida como "burocracia defensiva", aquella que paraliza trámites por temor a sanciones.
Burocracia proactiva
También obliga a la Administración a prestar servicios proactivos y no reactivos. Hasta ahora, solo actuaba cuando el ciudadano hacía un trámite o presentaba una solicitud, pero este nuevo enfoque permitirá, por ejemplo, ofrecer a una familia todos los servicios que le puedan ser útiles en el nacimiento de un hijo, como la tramitación del carnet de familia numerosa o monoparental, entre otros.
De hecho, está previsto que este sea el primer servicio que se ponga en marcha el próximo año.
Asimismo, se empleará un "lenguaje sencillo, entendedor y accesible" en las comunicaciones, evitando fórmulas técnicas y jurídicas, con lo que se busca reducir las desigualdades en el acceso a los servicios públicos. Y aunque pocas Administraciones ya obligaban a coger cita previa para atender a la ciudadanía, esta imposición queda ya prohibida por ley.
