Un juzgado de Barcelona investiga a dos exdirectores de la Guardia Civil por el espionaje con Pegasus

Una jueza de Barcelona ha acordado investigar por primera vez a dos exdirectores de la Guardia Civil, Félix Azón y María Gámez, además de responsables del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) por el espionaje al independentismo con los software Pegasus y Candiru, a raíz de una querella presentada por cinco empresarios del sector tecnológico y el exsenador de Junts Joan Matamala.

En un auto, adelantado por la agencia EFE y al que ha tenido acceso Crónica Global, la jueza Míriam de Rosa Palacio resuelve admitir a trámite la querella, al entender que los hechos denunciados podrían constituir delitos de descubrimiento y revelación de secretos informáticos y acceso ilegal a sistemas informáticos.

Imputados

La querella se dirige contra el exdirector de la Guardia Civil entre 2018 y 2020 Félix Vicente Azón y su sucesora hasta 2023 María Gámez -en la primera vez que la justicia indaga el papel del instituto armado en el espionaje al independentismo-, así como contra la exdirectora del CNI Paz Esteban.

Esteban ya acumula cuatro imputaciones por el espionaje a líderes independentistas catalanes durante el procés con el software Pegasus. La exjefa del CNI no es la única imputada ya que también se incluye a directivos de las empresas israelíes NSO y Saito Tech, que comercializan los softwares maliciosos.

Primera denuncia

Esta se constituiría como la primera denuncia por el uso del programario espía Candiru, un software que los querellantes aseguran fue utilizado por la Guardia Civil para infectar sus móviles, en el marco de la causa abierta en la Audiencia Nacional contra los organizadores de la plataforma anónima Tsunami Democràtic, que convocó las protestas contra la sentencia del procès.

Los laboratorios Citizen Lab, que estudian los controles de información, acreditan la infección a los dispositivos telefónicos que denuncian los querellantes. Esta misma organización fue la que destapó el caso del espionaje masivo en el independentismo que ha dado pie a múltiples investigaciones en juzgados barceloneses.

Inicialmente, la asociación internacional Sentinel Alliance --entidad que agrupa a empresarios, expertos tecnológicos y víctimas del ciberespionaje-- presentó la denuncia ante la Audiencia Nacional, pero fue rechazada por falta de competencia. Posteriormente, se volvió a presentar ante los juzgados de Barcelona que sí han aceptado abrir una investigación al respecto.

El presidente de Sentinel Alliance Joan Arús, que se cuenta entre los querellantes, ha afirmado en un comunicado que la denuncia "no solo busca una reparación individual, sino que pretende exponer las herramientas con que se degrada la democracia desde dentro. La admisión a trámite abre un debate inaplazable sobre cómo se fiscaliza al Estado".

Pruebas

Los denunciantes han pedido que el juzgado encargue analizar sus móviles a los Mossos d'Esquadra --que ya han hallado rastros de espionaje en los teléfonos de otros afectados, entre ellos Pere Aragonès-- para poder presentarlas como pruebas periciales. Además, solicitan que puedan tomar declaración como expertos a los analistas de Citizen Lab y Amnistía Internacional que documentaron el conocido como Catalangate.

Otra de las diligencias que plantean los querellantes es que el juzgado requiera a la Audiencia Nacional una copia de las causas de Tsunami Democràtic y CDR, en las que asegura fueron espiados bajo secreto de sumario, sin que se les comunicara en ningún momento y sin tener la condición formal de investigados.