El Parlament da luz verde a la regulación de los alquileres de temporada con el apoyo de toda la izquierda

El Parlament de Cataluña ha aprobado el acuerdo alcanzado entre las fuerzas de izquierda, el Govern, ERC, Comuns y la CUP, para regular los alquileres de temporada y de habitaciones e impedir que 36.000 viviendas protegidas pasen al mercado privado.

En el pleno de este miércoles, la consellera de Territorio Sílvia Paneque ha defendido el decreto de vivienda como "el primer gran acuerdo de las fuerzas de izquierdas en mucho tiempo".

Acuerdo 'in extremis'

Aunque se trata de un pacto in extremis, --ya que se alcanzó horas antes de su aprobación en la Cámara catalana-- Paneque ha agradecido "el trabajo compartido" de los grupos parlamentarios implicados, entre ellos los anticapitalistas, que levantaron el veto al Govern para entrar en las negociaciones.

"Es un decreto ley que no resuelve de manera inmediata la crisis habitacional, pero sí abre camino", ha reconocido orgullosa la titular de Territorio.

En busca de una mayoría

Con esta aprobación, el Govern de Salvador Illa ha evitado un revés en su legislatura. El primer decreto que el Ejecutivo catalán tenia previsto presentar en el pleno no tenía la mayoría necesaria para su aprobación. 

El portavoz del grupo parlamentario de los Comuns, David Cid (i) muestra su móvil a la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque (d), durante la sesión de control en el pleno del Parlament, celebrada este miércoles después de que el pasado lunes, el President anunciara un plan para movilizar 1.500 millones de euros en ayudas y préstamos para hacer frente al impacto de la subida de aranceles de Estados Unidos EFE/ Quique García

Sabiendo que no saldría adelante, el Govern ha tenido que ceder ante sus socios de investidura y la CUP en varios puntos del decreto y añadir sus propuestas. Entre ellas, una intervención en el mercado de la vivienda, una medida que precisamente el PSC había rechazado recientemente bajo el argumento de que podría generar "inseguridad jurídica".

Cambio en el decreto

La modificación de la propuesta establece limitar el precio del alquiler de temporada, excluyendo aquellas viviendas destinadas a "usos recreativos, turísticos o para vacaciones". Además, busca asegurar la protección de las viviendas de protección oficial en zonas tensionadas.

El texto también amplía los supuestos en que la Administración puede ejercer el derecho a tanteo y retracto para adquirir pisos de grandes tenedores, y prevé que las viviendas adquiridas por esta vía se califiquen de protección oficial de forma permanente.

También establece que el importe de las fianzas en depósito del Incasòl se destine a construcción pública de vivienda, especialmente de alquiler.

En su intervención, el presidente Illa ha defendido la necesidad de "intervenir en el mercado de la vivienda porque no está funcionando", ya que el alquiler de temporada es "la principal vía de fuga" de la regulación de las rentas vigentes en Cataluña.

Freno a la construcción

Por su parte, la oposición ha hecho una dura crítica hacia el decreto, asegurando que frenará la construcción de vivienda. El diputado Salvador Vergés de Junts ha señalado que el derecho a la vivienda "recae en la administración" y que "no debe ser una carga para el sector privado".

Para el PP, el Govern tiene como referente intelectual en vivienda el gobierno de la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau. En palabras de la diputada Eva García, los efectos serán "profundamente nocivos" para la inversión si las ventas pueden ser retractadas por la administración.