Entrada de la prisión de Mas d'Enric en Tarragona
El PSC impulsa el reconocimiento de los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad
Lo ha explicado la portavoz socialista en el Parlament, Elena Díaz, que ha indicado que esta normativa busca mejorar la seguridad de los funcionarios de prisiones
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El grupo de PSC-Units en el Parlamento de Cataluña ha registrado una proposición de ley que pretende reconocer la condición de agente de la autoridad a los funcionarios y los directivos de los centros penitenciarios catalanes.
Así lo ha explicado la portavoz socialista en el Parlament, Elena Díaz, que ha indicado que esta normativa busca mejorar la seguridad de los funcionarios de prisiones y "proteger jurídicamente a este colectivo en el ejercicio de sus funciones".
Además, la medida reconocerá la "presunción de veracidad" en las denuncias que planteen, contemplará indemnizaciones por lesiones o daños materiales en el ejercicio de sus funciones y garantizará la formación inicial y continua a través de planes de formación específicos.
La promesa de Espadaler
La propuesta llega después de que el pasado 12 de marzo, el conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, ya se comprometiera ante el pleno del Parlament a reconocer a los funcionarios penitenciarios como agentes de la autoridad.
Espadaler prometió buscar el camino legislativo más ágil y garantista para responder a una reivindicación histórica del colectivo de funcionarios de prisiones, un año después de que un preso de la cárcel Mas d'Enric de El Catllar (Tarragona) matase a una cocinera que trabajaba en el recinto.
El conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, en el Parlament de Catalunya EUROPA PRESS
Los pilares de la reforma
El reconocimiento de esta condición legal traerá consigo una especial protección para los funcionarios penitenciarios, tanto en el ámbito penal como en el desarrollo de los servicios públicos.
Espadaler ha precisado durante su intervención que la reforma legislativa tendrá tres efectos clave: reconocer la condición de agente de la autoridad al personal directivo y funcionario de los centros penitenciarios; aplicar el principio de indemnidad para reparar cualquier daño sufrido en el ejercicio de sus funciones, y garantizar formación inicial y continua para mejorar la capacitación y promoción profesional de este colectivo.
