La expresidenta de Junts Laura Borràs EUROPA PRESS
La fiscalía atiende el grito desesperado de Borràs para evitar la prisión mientras se resuelve el indulto
El ministerio público apoya la suspensión de entrada en la cárcel a la espera de que el Gobierno decida acerca del perdón parcial por sus delitos
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La fiscalía aceptará una eventual suspensión de entrada en prisión de la expresidenta del Parlament Laura Borràs mientras el Gobierno resuelve si la indulta.
Así se lo ha hecho saber el ministerio público al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el órgano que debe decidir al respecto tras el último movimiento desesperado de la defensa para esquivar la privación de libertad de Borràs.
"Posibles perjuicios a la condenada"
La fiscalía entiende que la suspensión de ingreso en la cárcel de la otrora presidenta de Junts evitaría "posibles perjuicios a la condenada en el caso de que se resuelva favorablemente su petición de indulto".
En este sentido, recuerda que, en la misma sentencia condenatoria, que castiga a Borràs con cuatro años y medio, la Sala proponía la concesión de un indulto parcial, al entender que la pena aplicada por ley es excesiva para los delitos cometidos.
Inhabilitación y multa
Sin embargo, matiza que el indulto está limitado a la pena de prisión, por lo que, en todo caso, Borràs deberá cumplir tanto la pena de inhabilitación --de 13 años-- como la multa impuesta, de 36.000 euros.
Fue hace ahora dos años, el 30 de marzo del 2023, cuando el TSJC condenó a Borràs por fraccionar contratos para adjudicarlos a dedo a su amigo informático Isaías Herrero cuando ella dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).
Condena ratificada
Desde entonces, el proceso ha seguido los cauces judiciales previstos, hasta regresar al tribunal catalán, que el pasado febrero ratificó la condena e inició los trámites para ejecutar la pena de cárcel.
Borràs siempre ha reiterado que no hay caso, y que el sistema la ha perseguido por cuestiones ideológicas. Pero los distintos órganos judiciales son tajantes al respecto: cometió prevaricación y falsedad documental.
Borràs dijo que no lo pediría
El último de ellos fue el Tribunal Supremo, que da por probado que Borràs adjudicó a un conocido, y de forma irregular, la elaboración de un portal web de la ILC por 335.700 euros. En su caso, no tiene cabida la amnistía, argumentó.
De este modo, la defensa se aferra ahora a un indulto que, en su momento, Borràs rechazó por completo, pues no pensaba arrastrarse por él ni pedirlo, en sus palabras.
El Gobierno lo descartó
En la misma línea, el presidente del Gobierno (que es quien los concede), Pedro Sánchez, descartó este perdón parcial al tratarse de una "flagrante prevaricación y mal uso de fondos públicos".
De este modo, y a la espera de conocer el desenlace, es el TSJC quien tiene ahora la palabra acerca de la suspensión momentánea del cumplimiento de la pena de prisión.
