Carles Puigdemont, en Bruselas EE
El Tribunal de Cuentas insta al Gobierno a recortar las subvenciones electorales de Junts en casi 180.000 euros
El órgano fiscalizador defiende una reducción de las ayudas a seis formaciones políticas por los gastos de campaña que declararon en las elecciones generales de julio de 2023, al detectar irregularidades o deficiencias en su justificación
Penaliza al partido de Puigdemont por superar el plazo de tres meses para pagar a sus proveedores, incumpliendo la LOREG; el recorte de subvención es el 10% de lo que pagó con retraso
El Tribunal de Cuentas ha propuesto al Ministerio del Interior recortar las subvenciones electorales de 2023 a seis partidos políticos por distintas cuantías, y entre ellos destaca Junts per Catalunya, al que se propone una reducción de casi 180.000 euros.
En total, el fiscalizador aboga por un recorte de 208.299,26 euros en las subvenciones por los gastos de campaña que han declarado las formaciones políticas por las elecciones generales de julio de 2023, una propuesta que hace al observar irregularidades o deficiencias en su justificación.
Esa reducción afecta a seis de los 16 partidos que concurrieron a los comicios: el PSOE (7.139,98 euros) y el PSC (54,85 euros), Sumar (7.418,86), UPN (11.261,46), Vox (3.915,70) y Junts, que encabeza la lista con 178.508,41 euros.
Tardó más de tres meses en pagar a proveedores
En el caso del partido del prófugo Carles Puigdemont, se le penaliza por superar el plazo de 90 días que tenía para pagar a sus proveedores un total de 1.785.084,06 euros, lo que supone un incumplimiento de la ley Orgánica del Régimen Electoral general (LOREG). Junts copa los 1,99 millones pagados fuera de plazo por los partidos a sus proveedores. El recorte de subvención es el 10% de lo que pagó con retraso.
La propuesta del Tribunal se incluye en su informe de fiscalización de las elecciones generales de 2023, que acaba de remitirse a las Cortes.
En total, las formaciones políticas han declarado ingresos para financiar la campaña electoral por una cuantía de 57 millones de euros, de los que un 63% procedía del endeudamiento bancario, un 24% de adelantos de subvenciones electorales y un 12% de las aportaciones de las propias formaciones políticas. Solo un 1% de los recursos fue recibido de aportaciones privadas.
