Ana Losada (Asamblea por una Escuela Bilingüe): "Necesitamos una ley que impida a las autonomías excluir una de sus lenguas"

Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) continúa a la espera de que la Generalitat y el Gobierno español cumplan las recomendaciones del informe de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo que, hace ya un año, instó a poner fin a la inmersión monolingüe obligatoria en catalán impuesta en el sistema educativo público de Cataluña.

La presidenta de la entidad constitucionalista, Ana Losada, visitó la semana pasada al presidente de dicha comisión en la Eurocámara, Bogdan Rzonca, así como a la jefa de la misión comunitaria que, a finales de 2023, constató la vulneración de derechos lingüísticos de los alumnos castellanohablantes en esta autonomía, Yana Toom.  También la eurodiputada del PP Dolors Montserrat, en una reunión en la que les reclamó ayuda para pedir a las autoridades españolas que cumplan las recomendaciones de su informe.

EUROPA PRESS

Europa quiere poner fin a la inmersión: pide igualdad de trato para castellano y catalán en la escuela

Losada considera que tanto el Ejecutivo central como el catalán siguen sin hacer nada para cumplir el 25% mínimo de clases en castellano en todas las escuelas de Cataluña, dictado en sentencia firme por el Tribunal Supremo en 2022. Una sentencia que el anterior Govern de ERC burló aprobando a posteriori una ley en el Parlament y un decreto ley que invalidaba cualquier porcentaje -este último, actualmente recurrido ante el Tribunal Constitucional-.

Losada reprocha también la respuesta que, según asegura, dio la actual consellera de Educación, Esther Niubó, al requerimiento del comité de la Eurocámara en una carta en la cual se le preguntaba qué ha hecho la Generalitat respecto a las recomendaciones del informe comunitario. "En la carta, Niubó negaba la mayor, y vino a decir que aquí todo está perfectamente, que no hay discriminación... los mantras nacionalistas de siempre", explica la presidenta de AEB en esta entrevista con Crónica Global.

- ¿Qué observó, y qué recomendaciones hizo, el informe de la misión de la Eurocámara sobre la inmersión lingüística de Cataluña?

El informe constata una discriminación de derechos lingüísticos, que no es posible estudiar en castellano en Cataluña, más que la asignatura de Lengua Castellana. Y que hay una gran presión hacia las familias que se atreven a pedir sus derechos.

Dice que se incumplen sentencias, y que se están vulnerando Tratados de la UE y la Carta de Derechos fundamentales en cuestiones como el cumplimiento del Estado de Derecho, la discriminación, o el obstáculo que supone la inmersión lingüística para los trabajadores y ciudadanos que se quieran mover dentro de España. Porque si vienes a Cataluña, pierdes el derecho de estudiar en castellano.

Las recomendaciones que se hacen desde el Parlamento Europeo incluyen, por ejemplo, que se pueda estudiar en la lengua materna, especialmente los alumnos con necesidades educativas especiales, algo que aquí no se cumple; decían que el acoso y la presión a las familias es brutal en cuanto exigen sus derechos lingüísticos; y que había una total falta de comunicación entre las familias que rechazan la inmersión, y que quieren que sus hijos estudien también en castellano, y la Generalitat. También recalcaba el papel nulo de la Inspección de Educación en Cataluña.

- ¿Qué ha hecho la Generalitat desde entonces?

La Generalitat lo que hizo, desde que vino la misión, fue mover los hilos de todos los lobis que tiene en marcha gracias a nuestros impuestos y conseguir que un grupo que trabaja dentro del Consejo de Europa elaborara un informe parcial, partidista y sectario diciendo que el catalán, el euskera, el gallego, el valenciano están en peligro. Y que, en el caso de Cataluña, sería un peligro de muerte para el catalán que se implantara tan sólo el 25% mínimo de asignaturas en castellano.

Es decir, la Generalitat contraatacó con un informe que no tiene la validez del informe del Parlamento Europeo porque, entre otras cosas, este último fue hecho por un grupo de eurodiputados que vino a Cataluña y se reunió con todas las partes: con quienes estamos a favor del bilingüismo o de que el castellano sea también lengua vehicular, y también con quienes están en contra. En cambio, el informe que elaboró el grupo del Consejo de Europa es un informe fabricado y cocinado por aquellos que defienden la inmersión: en ningún momento se reunieron con otra parte.

- Eso ocurrió durante el mandato de Pere Aragonès. Ahora que ha habido un cambio de Govern, ¿cómo valora AEB el primer medio año de Salvador Illa como presidente de la Generalitat en cuestiones lingüísticas?

Creo que el nacionalismo está muy contento con el señor Illa. El nacionalismo lingüístico está supercómodo, porque en la escuela no ha cambiado nada, y en las instituciones tampoco. El castellano sigue siendo una lengua marginada en Cataluña y tratada como si no fuera oficial, aunque es la lengua mayoritaria de los catalanes.

¿El discurso del señor Illa en Navidad tuvo alguna palabra en castellano? No. Es decir, ni en la Educación, ni en la actuación de nuestros representantes políticos, ni institucionalmente, ni en el Parlament, se nota ningún cambio en los temas lingüísticos.

Y, desde luego, los partidarios de la inmersión lingüística y de la exclusión del español en todos los ámbitos institucionales están supercómodos. Porque no son ni gobierno ni oposición, pero pueden atornillar al gobierno de Illa con un tema fundamental para ellos como es la lengua, sin tener que hacer ningún esfuerzo, nada más que amenazarle con no firmar presupuestos, no aprobar leyes o complicarles la vida.

- El mes pasado, AEB publicó un informe en el cual se denunciaban las directrices lingüísticas de las escuelas adheridas al programa ULAE ("Usos Lingüísticos en el Ámbito Educativo") de la Generalitat. ¿Este programa, que empezó con el Govern de ERC, sigue vigente?

Los centros ULAE nacieron coincidiendo con el rechazo del Tribunal Supremo al recurso de la Generalitat para impedir la aplicación de la sentencia del 25% de castellano en todo el sistema educativo. En aquellos días, el conseller Cambray decidió que había que crear unos grupos de trabajo porque el catalán “está en peligro de extinción”, y que su uso empeora día a día en los centros.

Lo que se pretendía con ese proyecto es que los centros fueran más conscientes de que la inmersión se tiene que cumplir a rajatabla, y aplicarse no sólo dentro del aula, sino también fuera, y en todos los ámbitos. No sólo a los que afecten a los alumnos, sino a las familias y a los docentes. Lo que empezó con un grupo de unos 200 centros, actualmente tiene más de 1.400. Es un proyecto del que no se sabe cuántos millones de euros se han empleado, pues no es transparente.

Eso ha servido como pretexto para que los centros que están en ULAE hagan, por ejemplo, encuestas a los profesores en las que, supuestamente de forma anónima, hablan del comportamiento lingüístico de sus compañeros de claustro; encuestas al alumnado en las que pueden decir anónimamente qué profesor habla o no catalán en clase, y si utiliza el castellano en los pasillos o con ellos. Y también le preguntan a las familias, alumnos y profesores sobre la lengua que usan fuera de la escuela.

Es decir, una Inquisición sobre los usos lingüísticos. Este proyecto nació dentro de un gobierno nacionalista, pero el señor Illa lo mantiene. Por tanto, no se ve ningún cambio. Y nosotros le pedimos a la consellera Niubó que nos demostrara un cambio. Que eliminen este proyecto, que dejen de invertir dinero en él. Preocupémonos por los problemas realmente graves que hay en la educación, que son muchos, y no dediquemos tiempo y recursos a acciones de control sobre la lengua que hablan los miembros de la comunidad educativa.

- El pasado diciembre fueron recibidos por la consellera Esther Niubó en la Generalitat. ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Adquirió algún compromiso?

La señora Niubó es amable de trato, educada, nos recibió y se reunió tres horas con nosotros. Hay una comunicación que en absoluto teníamos con ningún consejero anterior, pero no adquirió ningún compromiso.

Con todo, fue una reunión productiva, planteamos muchos temas, le sugerimos que muchos que ahora son motivo de conflicto tendrían una salida. AEB, en sus 11 años de historia, siempre ha demostrado sentido común. Sabemos que los cambios no se hacen de la noche al día, sino que existe un proceso, y entendemos que eso tiene unos pasos.

Y eso es lo que le pedíamos a Niubó: comience a dar pasos. Y la respuesta era siempre la misma: “nosotros, mientras no tengamos una decisión del Tribunal Constitucional sobre la inconstitucionalidad del decreto-ley de la Generalitat [de 2022], no podemos hacer nada”. Es una posición muy cómoda porque ¿quién sabe cuándo va a resolver el Constitucional ese tema? Puede ser mañana o dentro de seis años.

Por lo que rodea al Constitucional, no parece que actualmente se vayan resolver cuestiones que puedan perjudicar al Gobierno de España. Muchos pensamos que ese tema se va a dejar aparcado hasta que convenga, desgraciadamente. A pesar de que afecta a miles de alumnos, y a derechos lingüísticos y fundamentales de los catalanes.

El Govern ha creado una nueva conselleria de Política Lingüística, con Francesc Xavier Vila al frente, que ya estuvo en el anterior gobierno de ERC. ¿Eso dificulta el proceso para que las escuelas públicas puedan ser bilingües? ¿Acentúa la presión lingüística?

Vila es una persona defensora, no del catalán, sino de la exclusión del español en cualquier ámbito institucional, social, cultural y económico en Cataluña. Es el caballo de Troya del nacionalismo dentro del Gobierno del señor Illa. Igual que el comportamiento del PSC, y hablo sólo en ámbitos lingüísticos, es el caballo de Troya dentro de los que supuestamente no son nacionalistas, porque supuestamente el PSC no lo es (aunque su comportamiento prueba lo contrario).

Vila, en su forma de actuar, en sus declaraciones, y en la actividad de su conselleria, está dedicado a entorpecer cualquier intento de que la sociedad bilingüe que tenemos se vea reflejada en las instituciones.

Lo preguntaba, también, por si siguen activas iniciativas como los "buzones" de quejas lingüísticas en las universidades, surgidos en las pasadas legislaturas para evitar que haya profesores que cambien a otra lengua que no sea la prevista para en el plan docente de su asignatura

Todo esta activo, por eso digo: ¿qué ha cambiado realmente? No ha cambiado nada. Los padres que quieran bilingüismo tienen que ir a los tribunales. Empieza el curso 2024-2025 y, en septiembre, nos encontramos que varios centros, de pronto, han dejado de cumplir la sentencia individual del 25% de castellano. Ha habido padres que la tenían desde hace años y, al llegar septiembre, de pronto ven que se dejan de cumplir. Y entonces, tenemos que volver a reclamar, amenazar con ir a los tribunales -y ahí responde directamente el director de la escuela, con nombres y apellidos-.

Hacen exactamente lo mismo que hacían el curso anterior con la consellera Anna Simó, de ERC. ¿Por qué? No creo que la señora Niubó haya dicho “vamos a dejar de cumplir las sentencias del 25%”. Pero entiendo que ella está en lo alto de un departamento y que toda la pirámide hacia abajo ha sido construida durante años por el nacionalismo. Los inspectores de Educación tienen un corte nacionalista.

¿Ven relación entre los malos resultados educativos de Cataluña que revelan los informes internacionales PISA, PIRLS y TIMSS y la inmersión?

Sí. Lo creemos, y así se lo dijimos a la consellera Niubó. En ninguno de esos informes de estos dos últimos dos años hemos salido bien parados. Por tanto, aquí hay un problema de fondo, y muy grave. Existen muchas causas. No es la única ni la más inmediata, pero una de ellas es la inmersión. Porque si tienes a un porcentaje elevado de alumnos castellanohablantes, que son la mayoría, que no pueden estudiar en su lengua materna, se les está quitando una pata a la silla para que puedan estar cómodos, y continuar su formación con las mismas herramientas que sus compañeros catalanohablantes.

Un niño de tres años entra en el sistema educativo catalán con una mochila aprendida en casa del orden de 1.000 palabras. Y a ese niño, cuando llega a una clase de P3 en cualquier escuela de Cataluña, si es castellanohablante, se le pide que se olvide de esa mochila y empieza desde cero. Entonces, ese alumno ya empieza con una desventaja respecto a su compañero catalanohablante, que sigue sumando palabras a su mochila.

Aquí, desde el minuto uno, ya hay un desequilibrio. Y luego tenemos que los alumnos tienen diferente origen socioeconómico. Sus padres tendrán tiempo, o no, para estar con ellos para ayudarles con sus deberes, tendrán o no capacidad para poder darles un refuerzo desde casa, o económico para poder hacerlo con un profesor particular. Es decir, eso que el colegio debería dar, los padres muchas veces no lo tienen. Y para los alumnos de barrios obreros de Cataluña, que son mayoritariamente castellanohablantes, no estudiar en su lengua materna es una desventaja.

Por lo tanto, es comprensible que los resultados de PISA sean malos. Y que los datos de lectura de PIRLS también lo sean. En los datos de Matemáticas, por ejemplo, también afecta la lengua. Si tú no entiendes un enunciado, ¿cómo lo vas a poder responder? ¿Y quién lo va a entender mejor? ¿Si a un alumno castellanohablante le dan un enunciado en castellano, lo va a entender igual que si fuera en catalán? Es que es igual si fuera al revés.

Uno de los argumentos que se utilizan desde el nacionalismo para justificar la inmersión monolingüe en catalán, e intentar acentuarla si cabe, es que el catalán "está en peligro". ¿Ustedes creen que esto es cierto?

Se puede ver de dos formas. La primera sería decir que sí. Quien pone en peligro el catalán son quienes defienden la inmersión lingüística. Aquellos que excluyen el castellano de la escuela, de las instituciones; o quienes persiguen a los comerciantes por no rotular en catalán, que buscan que la gente denuncie a dependientas de panaderías, o a médicos en los CAP, por no usar el catalán. Ellos son los causantes más importantes de que haya un descenso en los jóvenes en el uso del catalán.

El peligro para el catalán son aquellos que lo pretenden imponer, y piensan que forzando su uso van a conseguir aumentarlo. Y que parten de la base de que la supervivencia del catalán únicamente se puede conseguir robando hablantes al castellano. Es que si te planteas esto como una guerra de lenguas, tienes las de perder. Porque tu metodología no es motivadora en absoluto, ni para estudiar el catalán ni para utilizarlo fuera del ámbito institucional.

¿Qué movimiento en la historia se ha conseguido forzando las cosas? Así siempre se ha conseguido el efecto contrario. Y mucho más en alumnos que crecen en Primaria con un cierre total al español; en Secundaria, ya es otro tipo de alumno que está en la adolescencia, más rebelde. Ese alumno dirá: ‘yo no uso el catalán fuera del ámbito escolar’. Por lo tanto, el peligro son ellos, su metodología, y forzar así.

- ¿Cuáles son en estos momentos los planes más inmediatos de AEB? 

Hemos retomado el tema de la queja ante el Parlamento Europeo, porque es el salvavidas que nos queda ante unas instituciones, catalanas y del Gobierno de España, que nos ignoran. Pensamos que es la única opción para intentar mantener el tema en la agenda política y que continúe evidenciándose que esta situación en Cataluña es anormal, y que debe solucionarse de alguna manera.

Nosotros pensamos que la solución viene con una ley que regule, a nivel de toda España, las políticas lingüísticas de todas las autonomías. No se puede permitir que en una autonomía, gobierne quien gobierne, de repente excluya una lengua cooficial. Es como si pasado mañana un partido decidiera que no se puede estudiar en vasco. Tiene que haber un respeto al Estado de Derecho, unos mínimos y unos máximos, y sobre eso se tiene que regular. No podemos tener situaciones como las que se dan en España, de que en algunas comunidades autónomas es imposible estudiar en castellano.

Este es nuestro trabajo. Este, y el que desarrollamos dentro de Escuela de Todos, que es una plataforma de ámbito nacional, y desde donde intentamos concienciar a los partidos de que esta regulación es necesaria. Y que, cuanto antes se haga, mejor. Porque la guerra de lenguas no puede continuar. Se está utilizando políticamente desde hace muchos años y hay que ponerle fin.

Y todo esto lo hacemos sin ayudas, porque AEB sobrevive con las donaciones de sus socios, no recibe subvenciones, a diferencia de las entidades defensoras de la inmersión, que tienen hasta personal y equipos jurídicos. A nosotros no nos ayuda nadie.