La presidenta de Societat Civil Catalana, Elda Mata, y el secretario de la junta directiva de la entidad, Eloy Moreno, junto al abogado Juan Chapapría

La presidenta de Societat Civil Catalana, Elda Mata, y el secretario de la junta directiva de la entidad, Eloy Moreno, junto al abogado Juan Chapapría Europa Press

Política

Societat Civil espera que la justicia europea se pronuncie sobre la amnistía a final de año

Elda Mata, presidenta de SCC, dice que harán "lo imposible" para impedir que "quienes malversaron y se sublevaron" se beneficien del olvido penal

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Redacción
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Societat Civil Catalana (SCC) espera que la justicia europea resuelva a finales de este año o en el primer trimestre de 2026 sobre la cuestión prejudicial que le planteó el Tribunal de Cuentas acerca de la amnistía del procés y su aplicación en casos de delitos económicos y contables.

Así lo han explicado este jueves la presidenta de SCC, Elda Mata, y el abogado Juan Chapapría, responsable en nombre de esta entidad constitucionalista en el proceso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Cuentas estimó la malversación en cinco millones de euros

El Tribunal de Cuentas remitió en septiembre su cuestión prejudicial sobre la amnistía, que se aprobó cuando ya estaba visto para sentencia el procedimiento contable que había abierto a los líderes el procés. Entre ellos, el expresidente de la Generalitat prófugo Carles Puigdemont y a varios miembros de su Govern, para que devolvieran cinco millones de euros malversados en la celebración del referéndum ilegal y unilateral de secesión del 1-O de 2017 y en una campaña publicitaria del Diplocat.

SCC, que ejercía de acusación en este procedimiento, entregó un escrito de observaciones al TJUE en el que sostienen que amnistiar la malversación atenta contra el derecho europeo, los intereses financieros de la UE, la seguridad jurídica, la lucha contra el fraude, la cooperación leal con las instituciones europeas y el principio de igualdad y no discriminación ante la ley de los ciudadanos.

Demora

Chapapría ha explicado que recientemente les han llamado desde la secretaría del TJUE para avisarles de que el proceso puede sufrir una demora de uno o dos meses porque las defensas han entregado alegaciones dentro del plazo de cuatro meses previsto, aunque en algunos casos con defectos de forma que hay que subsanar: entre ellos, que no están traducidas al inglés.

Por ello, desde SCC consideran que la resolución final del procedimiento se puede alargar hasta finales de este año o incluso durante el primer trimestre de 2026, en función también de si se convoca una vista para el informe de un letrado del TJUE, un trámite preceptivo pero no vinculante.

Elda Mata: "Es una ley a cambio de favores políticos"

En la rueda de prensa, la presidenta de SCC, Elda Mata, ha cargado contra la amnistía al considerar que es una ley "redactada por prófugos" que se van a beneficiar de ella a cambio "de favores políticos y de unos votos". Y ha destacado que el objetivo de la entidad constitucionalista es "hacer lo imposible" para impedir que "quienes malversaron y se sublevaron" se beneficien del olvido penal.

"¿Por qué apelamos a Europa? Porque Europa tiene mucho que decir en un tema en el que interviene, como es la malversación. Europa decide que la malversación no puede ser amnistiable de ninguna de las maneras, igual que otros delitos también decide que no pueden tener ese borrado penal", ha argumentado Mata.

Referéndum ilegal y "campaña de difamación contra la democracia española"

La decisión afectaría a la demanda que SCC presentó ante el Tribunal de Cuentas por malversación contra los expresidentes de la Generalitat Carles Puigdemont y Artur Mas, el expresidente Oriol Junqueras, y los exconsellers Jordi Turull, Raül Romeva, Dolors Bassa, Toni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig, Neus Munté y Francesc Homs, cuyo procedimiento estaba visto para sentencia y que, con la aprobación de la ley de amnistía en mayo de 2024, quedaría sin efecto.

El Tribunal de Cuentas, que examinaba esta supuesta malversación de estos 11 exaltos cargos de la Generalitat en la organización del 1-O y la "campaña internacional de difamación de la democracia española", planteó esta cuestión al tribunal europeo y suspendió la causa hasta obtener respuesta del TJUE.