Entidades constitucionalistas claman contra la delegación de competencias de inmigración a la Generalitat

La proposición de ley pactada entre PSOE y Junts per Catalunya para delegar competencias en materia migratoria a la Generalitat de Cataluña ha causado un profundo malestar en las entidades constitucionalistas más representativas de la autonomía, algunas de las cuales lo han calificado de "xenófobo" e "infame".

El acuerdo en cuestión, pendiente de aprobarse en el Congreso, permitirá al Govern catalán participar en la gestión de expulsiones de extranjeros que tengan prohibida la entrada en el país y los permisos de residencia en Cataluña.

Puigdemont avisa: el catalán, "elemento indispensable" para obtener la ciudadanía

En este sentido, el líder de Junts, el prófugo Carles Puigdemont, ha asegurado que ello convertirá a la lengua catalana como un "elemento indispensable" para obtener la ciudadanía, y que sin su conocimiento no se concederán "informes favorables" para los inmigrantes por parte del Ejecutivo autonómico. "Todo lo que tiene que ver con una persona que venga del extranjero pasará por la Generalitat", ha advertido.

EFE

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El pacto del PSOE con Junts, asimismo, estipula que los Mossos d'Esquadra se incorporen al control de la seguridad de puertos, aeropuertos y "zonas críticas", en cooperación con la Guardia Civil y la Policía Nacional, que hasta ahora eran los cuerpos que se encargaban de esta competencia.

Impulso Ciudadano: "Es xenófobo y contrario a la eficacia administrativa"

Varias de las principales entidades constitucionalistas han mostrado su rotundo rechazo a estas cuestiones. Desde Impulso Ciudadano, por ejemplo, han calificado de "xenófobo y contrario a la eficacia administrativa" el acuerdo entre socialistas y posconvergentes. Y acusa al PSOE de referirse "a Cataluña como país", y de incluir "en un acuerdo sobre inmigración referencias a los nacidos fuera de Cataluña".

El texto oficial de la formación de Pedro Sánchez, tal como ilustra Impulso Ciudadano en su mensaje en la red social de X, destaca que "el 18% de la población catalana tiene nacionalidad extranjera y un 24% han nacido fuera de Catalunya".

"Condiciona la residencia a los requisitos lingüísticos"

A juicio de la entidad presidida por José Domingo, este pacto migratorio da, además, "vía libre a la Generalitat para condicionar la residencia a los requisitos lingüísticos".

"El discurso más reaccionario y xenófobo de Junts ha sido comprado por el PSOE, que ahonda en la doctrina del muro separador. Nos tendrán enfrente", advierte esta asociación.

Societat Civil: "Es un atropello a la integridad territorial de España"

Societat Civil Catalana (SCC), por su parte, considera que "la cesión de la inmigración y el vaciado de competencias de la Policía y la Guardia Civil pretende asentar estructuras de Estado en Cataluña".

A su modo de ver, "la agenda separatista del Gobierno y la Generalitat es un atropello a la integridad territorial de España".

"Infamia"

En la misma línea se han expresado las principales entidades defensoras del bilingüismo en el sistema educativo de Cataluña.

Desde Escuela de Todos, opinan que "durante años se ha gestado esta infamia. Han levantado muros entre españoles utilizando las lenguas. Ahora ya les han dado la llave de la puerta y la cerrarán para otros españoles y todos aquellos que no sigan sus dictados lingüísticos. No nos callaremos ni nos rendiremos", aseguran.

Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) sostiene que el PSOE "nombra a los nacidos fuera de Cataluña junto con los extranjeros" en su comunicado sobre el acuerdo. "Y autoriza a que las exigencias lingüísticas las marca la Generalitat".

Exigencia de "conocimientos lingüísticos y culturales"

La proposición de ley orgánica para la delegación de competencias en materia de inmigración a Cataluña, registrada este martes en el Congreso por PSOE y Junts, exige, por parte de los migrantes, el "respeto a los valores cívicos" y "conocimientos lingüísticos y culturales".

"Con la petición para asumir de manera integral la delegación de competencias, Catalunya apuesta por un modelo de gestión basado en el establecimiento de una serie de derechos inclusivos, pero también de unos deberes claros, tanto por parte de las personas que llegan a nuestra tierra como por parte de la sociedad catalana que los acoge", señala el texto.

"Este marco de derechos y deberes debe ser el elemento clave que vertebre el compromiso de integración y de respeto a los valores cívicos y conocimientos lingüísticos y culturales que definen nuestra sociedad", añade.

En la exposición de motivos, PSOE y Junts defienden un "nuevo contrato social atractivo" para las personas migrantes que sirva, según ellos, para "protegerlas ante la potencial vulneración de sus derechos y brindarles más oportunidades", así como "para proteger la cohesión de la sociedad de acogida, su lengua y su cultura".