Estelada en una rotonda de Igualada
La justicia ordena retirar la 'estelada' de una rotonda de Igualada
Un juzgado de Barcelona sentencia que las banderas independentistas rompen la neutralidad obligada de las administraciones en edificios y espacios públicos y advierte al ayuntamiento de que debe velar por ello de forma permanente
El juzgado de lo contencioso-administrativo número 6 de Barcelona ha ordenado al Ayuntamiento de Igualada retirar la estelada que ondeaba en un mástil de una rotonda de la localidad.
La justicia ha dictado la sentencia tras una demanda presentada por Impulso Ciudadano, cuyas peticiones han sido estimadas, y ha condenado al consistorio barcelonés (gobernado por Junts) a asumir las costas. Si bien, todavía puede interponer recurso.
Denuncia de Impulso Ciudadano
Tras la denuncia de Impulso Ciudadano, el ayuntamiento alegó que las banderas independentistas no eran de su propiedad ni fueron instaladas por su decisión, sino que pertenecen a la Assemblea Nacional Catalana (ANC), que las exhibe en su derecho a la libertad de expresión, y que el consistorio se había mantenido neutral.
Además, el consistorio insistió en que la exhibición de esteladas en el espacio público es un ejercicio legítimo de derechos fundamentales, como la libertad de expresión y la libertad ideológica, y que no se requiere autorización previa del ayuntamiento para su exhibición, salvo en circunstancias excepcionales.
Rompe la neutralidad institucional
La jueza, sin embargo, ha dado la razón a la entidad constitucionalista y, apelando a una sentencia del Tribunal Supremo de 28 de abril de 2016, ha recordado que el principio de neutralidad institucional de la administración alcanza a los edificios y los lugares públicos y debe mantenerse en todo momento.
En ese sentido, la sentencia destaca que la estelada “constituye un símbolo de la reivindicación independentista de una parte de los ciudadanos catalanes representados por una parte de los partidos políticos” y no es ningún símbolo oficial de ninguna administración”, por lo que debe calificarse de “partidista” y “supone la privatización del espacio público”.
![Exterior del Parlament de Cataluña, con la única presencia de la bandera autonómica](["https:\/\/a2.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/asociados\/536692.jpg?p=w:320\/h:240&h=-4Fzn_Fk"])
El ayuntamiento debió retirarla
Por otra parte, la jueza tumba el argumento de que la bandera es de la ANC para no retirarla. “Resulta altamente improbable que se proceda a la colocación de una bandera de las dimensiones como la de autos, en una rotonda pública y no se cuente con la autorización expresa o cuanto menos tácita del ayuntamiento en cuestión”, señala el auto.
Y añade: “La excusa ofrecida por el ayuntamiento resulta peregrina, pues ello podría dar lugar a la colocación de todo tipo de banderas o emblemas en sentidos totalmente contradictorios, hecho que es de sobra conocido que no sucede en los ayuntamientos”.
“Si bien [el ayuntamiento] bien pudo no haber aprobado la colocación, sí tenía conocimiento de la misma (al menos desde que la actora requirió su cese), pese a lo cual no adoptó ninguna decisión a fin de proceder a su retirada”, insiste la sentencia.
El ayuntamiento gestiona la rotonda
Finalmente, la jueza también advierte de que, “el hecho de que la bandera no esté colocada en un edificio público, entendido como una construcción que acoja dependencias oficiales, no impide que esté colocada en un espacio público, una vía principal de la ciudad, accesible y visible por todos los ciudadanos”.
Y advierte de que la “gestión y conservación” de ese espacio público “corresponde al ayuntamiento”.
Apropiación indebida del espacio público
Impulso Ciudadano ha mostrado su satisfacción por la sentencia y ha manifestado que “los espacios públicos pertenecen a todos los ciudadanos y no deben ser colonizados simbólicamente por ninguna ideología”.
Además, destaca la importancia de esta resolución “porque impide que los ayuntamientos eludan su deber de neutralidad alegando que los símbolos han sido colocados por asociaciones independentistas y no directamente por la corporación municipal”.
“La libertad de expresión debe ser protegida, pero no puede convertirse en una autorización para apropiarse indefinidamente del patrimonio común ni en una excusa para que las administraciones miren hacia otro lado”, ha explicado en un comunicado la entidad presidida por Rafael Arenas.
