Santi Vila y Lluís Puig, a juicio por negarse a devolver las obras de Sijena

El juez instructor de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) envía a juicio a los exconsellers de Cultura de la Generalitat Santi Vila y Lluís Puig por negarse a entregar al Ayuntamiento de Villanueva de Sijena (Huesca, Aragón) unas obras de arte que se encontraban en el Museo de Lleida. 

Así lo ha decidido después de que la fiscalía y la acusación, que ejerce el ayuntamiento oscense, formularan sus pertinentes acusaciones contra los exconsellers como presuntos autores de un delito de desobediencia. Además, a Santi Vila le atribuyen también un delito de usurpación de atribuciones judiciales. 

Pide una fianza

El juez instructor ha acordado imponer una fianza de responsabilidad civil ex delicto, es decir, para la restitución del daño, de 17.250 euros a cada uno de los acusados. Ahora, los representantes legales de Vila y Puig podrán formular, en el plazo de 10 días, sus respectivos escritos y podrán proponer las pruebas que consideren a tener en cuenta en el juicio oral.

A Puig lo juzgará el mismo TSJC por su condición de aforado --tiene en escaño en el Parlament por Junts a pesar de que reside en Bruselas-- mientras que a Vila, que ahora no es aforado, lo enjuiciará un juzgado penal de Barcelona, ha resuelto el tribunal en un auto.

El Govern se negó a devolverlas

El conflicto viene de los años 80, cuando las hermanas sanjuanistas de la Orden de Malta vendieron a Cataluña más de 90 obras de arte, como sepulcros del siglo XV, que pertenecían al Monasterio de Villanueva de Sijena y que eran parte de la historia de Aragón. Estas piezas fueron expuestas en el Museo de Lleida, pero la comunidad vecina las reclamó.

En 2015 una sentencia de un juzgado de Huesca decretó la nulidad de la venta de estas obras a la Generalitat y requirió que los bienes fuesen devueltos al monasterio al que pertenecían. Sin embargo, el Govern se negó. En concreto, ambos políticos no habrían atendido, e incluso habrían llegado a obstaculizar, la decisión de traslado que tomó el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Huesca cuando los dos formaban parte del Ejecutivo de Carles Puigdemont.

Aunque en 2016 finalmente se entregó una parte, en 2017 la Guardia Civil irrumpió en el Museo de Lleida y se llevó las 44 piezas restantes.