La Diputación y el Ayuntamiento de Lleida han tomado la decisión de no entregar ningún lote de Navidad a sus empleados. Un movimiento que, en gran parte, llega por una resolución del Tribunal de Cuentas en otra región.
Concretamente, en 2023, dicho organismo condenó al alcalde del municipio madrileño de Venturada, Daniel Álvarez, a asumir los 11.710 que costaron los 110 lotes de ibéricos que el consistorio repartió a los trabajadores públicos y entidades del pueblo.
La intervención del Tribunal de Cuentas puso de manifiesto, en sus resoluciones, que el caso de los lotes en Venturada “no tenía ningún tipo de fiscalización previa y tampoco se justificó el fundamento legal” para dar amparo al gasto público.
2.200 trabajadores afectados
La decisión de las autoridades de Lleida tiene una afectación directa a 2.200 trabajadores, 1500 del ayuntamiento y el resto corresponden a la Diputación. Desde hace cuatro años, la administración invierte 44.000 euros anuales en la compra de lotes de Navidad para sus plantillas.
En otro orden, la próxima semana, el pleno del Tribunal de Cuentas decidirá si renueva o no a su comisión de gobierno, lo que incluye a su presidenta, Enriqueta Chicano, y a las responsables de las secciones de Fiscalización y de Enjuiciamiento.
Los doce consejeros del Tribunal de Cuentas fueron elegidos por las Cortes en noviembre de 2021, en virtud de un pacto entre el PSOE y el PP, para un mandato de nueve años. Y entre los consejeros escogieron a Chicano como presidenta y a las consejeras Maria Dolores Genaro y Rebeca Laliga como responsables de las secciones de Fiscalización y de Enjuiciamiento, los tres puestos que componen la llamada comisión de gobierno de la institución.
Pero cada tres años, al cumplirse un tercio del mandato, los consejeros deben volver a votar la composición de esta comisión de gobierno para decidir, en una votación secreta, si siguen en sus puestos o son relevados por otros miembros del Pleno. Y ésa es la tarea que se ha programado para el lunes 18 de noviembre.