El expresidente catalán huido en Bélgica desde 2017, Carles Puigdemont, ha plantado al Tribunal de Cuentas, donde este viernes se celebra una vista sobre el desvío de fondos para sufragar el procés, que él culminó con la convocatoria del referéndum ilegal y la posterior declaración de independencia. La sala ha rechazado la suspensión del proceso propuesta por el presidente de ERC, Oriol Junqueras, y los otros encausados de su partido por la proposición de ley de la amnistía.

Puigdemont estaba citado presencialmente en la vista después de que el órgano contable rechazase su petición, y la de otras defensas, para que compareciese por videoconferencia por no justificar las razones que le impedían acudir al proceso y no haber presentado la solicitud con mayor antelación. Pero no ha ido. Sin embargo, su ausencia no tendría mayor consecuencia que la de no practicar la prueba solicitada por la defensa que lo solicitó.

Mas, también encausado

El abogado del prófugo, Gonzalo Boye, ha reconocido que su patrocinado "no ha comparecido, que quería comparecer y que nunca ha sido citado personalmente". Y es que Puigdemont es uno más de los 35 excargos del Govern encausados por la responsabilidad contable del presunto desvío de gastos relativos al 1-O y la acción exterior del procés.

Entre los 35 nombres constan, aparte de los citados, el expresidente Artur Mas, que ya fue condenado por el propio Tribunal de Cuentas a devolver a la Generalitat algo más de 4,9 millones de euros (a los que se sumó más de un millón de euros en concepto de intereses) por la organización de la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014; los exconsellers condenados por el Supremo Raül Romeva y Jordi Turull; los exconsellers residentes en el extranjero Toni Comín y Lluís Puig; exdelegados de la Generalitat en el extranjero, como los de Estados Unidos, Francia, Italia y Portugal; y delegados en el exterior que aún permanecen en el cargo, como Marie Katinka (Alemania) y Eric Hauck (países del sudeste de Europa).

Al menos 3,4 millones

Asimismo, están encausadas nueve personas que fueron procesadas por el Juzgado de Instrucción Número 13 de Barcelona en la causa abierta por los preparativos del referéndum del 1 de octubre de 2017. Destacan el ex secretario general de la Presidencia del Govern Joaquim Nin; el ex secretario de difusión de Presidencia Antoni Molons; el ex secretario general de Trabajo Josep Ginesta; y el exdirector del Diplocat Albert Royo.

La fiscalía cifra ese supuesto desvío en unos 3,4 millones de euros, que solicita que abonen los demandados, mientras que Sociedad Civil Catalana, que también ejerce de demandante, lo eleva a 5,3.

No se puede suspender

Sobre la decisión de seguir adelante con el proceso pese a la previsible aprobación de la amnistía, que también incluiría este caso, la fiscalía ha recordado que esa proposición de ley aún no ha sido admitida por la Mesa del Congreso, por lo que esta suspensión "no se puede subordinar a un acontecimiento futuro".