Cataluña toma nota y mueve ficha. El president de la Generalitat ha encargado a la consellera de Interior, Núria Parlon, que trabaje en la actualización de la ley de Protección Civil de Cataluña, de 1997. "Tiene 27 años y podemos mejorar nuestros servicios", ha dicho Salvador Illa ante los grupos en el Parlament en la sesión de este miércoles, 6 de noviembre.
La Administración catalana se lanza de lleno a una revisión de sus protocolos ante catástrofes climáticas como la DANA que ha arrasado Valencia y otros puntos del este, con más de 200 muertos. En Cataluña, la gota fría provocó inundaciones en Terres de l'Ebre, el Baix Llobregat, el Garraf y el Vallès, sin lamentar daños personales.
El president también ha anunciado una línea de ayudas para arreglar los destrozos en Terres de l'Ebre y compensar las pérdidas de los agricultores al sur de Barcelona, que han perdido su cosecha de invierno.
De 1997
"Tenemos unos servicios de Protección Civil que funcionan bien, pero deben mejorar. En base a la experiencia de estos días, hemos trabajado en que se actualicen los protocolos y se refuercen los servicios. La ley es de 1997, de hace 27 años. Veremos si fruto de este trabajo que coordinará la consellera conviene hacer una actualización", en palabras del president socialista.
En este sentido, ha destacado que su renovación permitiría incluir "medios que antes no existían", en referencia a la irrupción de la tecnología. Un ejemplo es el envío de alertas a los móviles de los ciudadanos, puesto en práctica durante el temporal para restringir su movilidad.
Una calle en Badalona, inundada por la DANA este lunes
Por su parte, la consellera de Interior, Núria Parlon, ha defendido que el sistema de emergencias catalán "ha respondido razonablemente bien". Y ha explicado que los fenómenos meteorológicos responden a una "dimensión dinámica y cambiante", al tiempo que ha asegurado que hay un "buen recorrido de mejora" en el sistema de emergencias.
También ha defendido la necesidad de hacer prevención y simulacros para promover esa cultura de la prevención en la sociedad catalana.
Sin plan de protección civil
La norma obliga a 523 municipios catalanes a tener su propio plan de protección civil. 225 lo tienen vigente, pero 238 no lo han renovado tras caducársele y 60, directamente, no lo tienen. Una situación en la que el Govern ha aprobado un paquete de 20 millones de euros para revertirla en un plazo de dos años.
"No debemos tener una actitud de complacencia, sino aprender, ver qué cosas se pueden hacer mejor y perfeccionarlas. Cómo podemos avanzar en la preparación ante una emergencia para que sea líder".
Cartografía
Estos esfuerzos se sumarán a los de la conselleria de Territorio, que actualizará su mapa de zonas inundables para "tomar las medidas correspondientes que reduzcan la vulnerabilidad de actividades residenciales o económicas", ha defendido Illa.
El equipo de Sílvia Paneque primero hará una revisión cartográfica para localizar con exactitud las vulnerabilidades, antes de estudiar las actuaciones necesarias para reducir los riesgos y ampliar las medidas de protección. Medidas que, reconoció el socialista en una comparecencia a los medios el pasado lunes, "no gustarán".
Técnicos de Protección Civil de la Generalitat (imagen de archivo)
En el Parlament, ha defendido hoy que "no se pueda edificar en lugares inundables que no reúnan las condiciones". Ha dicho que el "límite" lo pondrán los técnicos y que "esa es la parte fácil, porque la difícil es ver qué hacemos con equipamientos como residencias de mayores que se han inundado y solo tienen una planta".
Es en este contexto que ha defendido "tomar medidas contundentes" sin renunciar a "un crecimiento económico sostenible".
Qué dice el Parlament
Illa ha querido aclarar que la solución no llegará "en una semana" tras la inacción de "años", pero su Administración tiene "la obligación" de mover ficha y espera tener el apoyo del Parlament porque "no hay que olvidar que somos vulnerables y que el riesgo cero no existe". Y la cámara ha evitado el choque directo, no sin críticas.
La portavoz del grupo parlamentario de Junts, Mònica Sales, ha exigido al Govern que convoque una reunión de trabajo "para abordar las ayudas" a la Comunidad Valenciana, así como un pleno monográfico en el Parlament para actualizar el sistema de emergencias". Y Marta Vilalta (ERC) ha propuesto una comisión de estudio con expertos para "hacer caso a quien sabe".
La 'consellera' de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat, Núria Parlon, en el Parlament el 6 de noviembre
Joan Garriga (Vox) ha criticado la tardanza de todas las medidas anunciadas por Illa, al tiempo que Alejandro Fernández (PP) ha reconocido que el Govern "lleva poco tiempo" y su información ha sido "razonable en tiempo y forma", aunque ha recordado las obras pendientes de la Agència Catalana de l'Aigua (ACA).
Jéssica Albiach (Comuns) ha recurrido a las inundaciones en El Prat para rechazar una vez más la ampliación del aeropuerto y Laia Estrada (CUP) ha instado a agilizar los avisos y obligar y no recomendar a las empresas que suspendan su actividad. Por último, Sílvia Orriols (Aliança Catalana) ha rechazado "pactos ni cordones sanitarios cuando se trata de garantizar la seguridad de los catalanes".