Impulso Ciudadano ha presentado alegaciones contra la concesión de la amnistía al expresidente de la Generalitat Quim Torra (Junts), condenado a 15 meses de inhabilitación y al pago de una multa de 24.000 euros por desobediencia al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) al no haber retirado a tiempo una pancarta favorable a los políticos presos y fugados del procés de la fachada de la sede de la Generalitat en Barcelona.



Los hechos ocurrieron en septiembre de 2019, y la sentencia del juzgado de lo penal 6 de Barcelona la confirmaron la Audiencia Provincial y el Tribunal Supremo. Sin embargo, el abogado de Torra, Gonzalo Boye, ha reclamado que se le aplique de la Ley de Amnistía.

Desobediencia a la justicia

Impulso Ciudadano, entidad constitucionalista que ejerció como acusación particular en el caso, apunta este martes en un comunicado que "nos hemos opuesto a su aplicación y hemos presentado alegaciones al juzgado encargado de ejecutar la sentencia" por tres razones.

La primera de ellas es que "los hechos por los que fue condenado por desobediencia no son amnistiables", ya que "el elemento nuclear de los mismos no era el contenido de la pancarta sino el incumplimiento de los requerimientos" judiciales, "derivados del uso inadecuado de los edificios públicos que estaban sujetos a su responsabilidad de gestión como presidente de la Generalitat".

Cuestión de inconstitucionalidad contra la amnistía

En segundo lugar, según Impulso Ciudadano, "en el supuesto de que se considerase que se le puede aplicar la ley de amnistía", antes de ello "sería conveniente que el Juzgado presentase cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional", dado que "la amnistía fue expresamente excluida de la Constitución"; "vulnera el principio de igualdad" e "infringe los principios constitucionales de separación de poderes y exclusividad de la función jurisdiccional".

Por último, la entidad constitucionalista considera que, "antes de aplicar la ley de amnistía al expresidente Torra, el Juzgado debería preguntar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre si la amnistía es conforme a los principios del Tratado de la Unión Europea y a la normativa comunitaria y presentar cuestión prejudicial".

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