Las cámaras de tráfico de Barcelona captaron el coche de la fuga de Puigdemont, pero Mossos las ignoró

El desastroso dispositivo de los Mossos d'Esquadra para detener a Carles Puigdemont suma una nueva evidencia. El líder del procés se zafó de la policía catalana en pleno centro de Barcelona a pesar de lo agresivo de la Operación Jaula, el operativo con el que revisó uno a uno y durante nueve horas los vehículos que abandonaban la Ciudad Condal. Pero el cuerpo autonómico llegó tarde a todos los movimientos del expresident de la Generalitat, que logró cruzar la frontera de vuelta a Bruselas y sumió a los agentes en una profunda crisis de credibilidad y confianza, que aún arrastra.

Este sábado, ha trascendido una derivada de todo ello que deja aún en peor lugar a la dirección policial, que asumió la ejecución de la orden nacional de detención que mantiene el Tribunal Supremo. Las cámaras de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Barcelona, destinadas a controlar el tráfico de vehículos contaminantes sin permiso para la circulación, captaron el coche que Puigdemont utilizó para acometer la huida. Sin embargo, los Mossos no solicitaron el acceso a las imágenes para dar con su paradero; de hecho, el comisario jefe Eduard Sallent dijo un día después de la fuga que todavía no tenía ninguna evidencia de que el también líder de Junts hubiese salido de la ciudad.

Los Mossos no pidieron las cámaras

Ha sido Albert Batlle, teniente de alcaldía de Seguridad del Ayuntamiento que lidera el socialista Jaume Collboni, quien ha informado de esta nueva pifia este sábado, 17 de agosto. "Los vehículos fueron identificados por cámaras, que no eran de seguridad sino del control de la Zona de Bajas Emisiones, pero en todo caso los coches fueron detectados y quien hace el visionado de esas cámaras es la Guardia Urbana", ha explicado el responsable municipal en una entrevista a la Agència Catalana de Notícies (ACN).

Así las cosas, Batlle ha añadido que el cuerpo catalán ignoró la opción de utilizar dichas imágenes para seguirle la pista al líder del procés y organizador del referéndum del 1 de octubre de 2017. "Nosotros estamos a requerimiento de atender las peticiones que se nos puedan hacer", ha apuntado, aclarando que dichas cámaras "estaban a disposición de hacer el seguimiento, llegado el caso". Es decir, la policía local hubiese permitido a la autonómica el visionado de las imágenes en diferido y en tiempo real para facilitar el arresto, ordenado por el juez instructor Pablo Llarena.

Crisis de credibilidad y confianza

Puigdemont abandonó el mitin en Arc de Triomf sentado en el asiento trasero de un Toyota de color blanco, y cruzó la frontera de vuelta a Bruselas, ha explicado recientemente. El Tribunal Supremo trata de depurar responsabilidades por el fallido dispositivo y ha requerido a la conselleria y al Ministerio de Interior sus respectivos informes; mientras que el Gobierno ha descargado toda responsabilidad en la Generalitat, el Departamento ahora liderado por Núria Parlon (que ha cogido el testigo a Joan Ignasi Elena después de los hechos) aún no ha respondido al requerimiento.

El nuevo president, Salvador Illa, trata de recuperar la credibilidad y la confianza perdida por la polémica. En su primer acto oficial en el cargo, ha visitado a la dirección policial y a las unidades del cuerpo en el Complejo Central EGARA para "escuchar las necesidades e inquietudes de los agentes antes de tomar decisiones". La principal medida pasa por la contratación de Josep Lluís Trapero como nuevo director general, algo que ya anunció durante la campaña electoral pero que, por el momento, no ha refrendado.

Por su parte, el comisario jefe, Eduard Sallent, está en la rampa de salida. En la misma rueda de prensa en la que aseguró trabajar con la teoría de que Puigdemont seguía en Barcelona a pesar de que había cruzado la frontera la noche anterior, el dirigente policial rechazó haber hecho el ridículo y se negó a dimitir.