A la espera de que la militancia valide el acuerdo con el PSC para investir a Salvador Illa, ERC ha logrado lo que perseguía, y no consiguió, el expresident Artur Mas (CiU) en los inicios del procés: un gran acuerdo fiscal con el Estado que le negó el entonces presidente del Gobierno Mariano Rajoy (PP) en 2012 por “inconstitucional”.

Mas fue a Madrid con la intención de que el Ejecutivo popular aceptase que Cataluña recaudara y gestionara todos los tributos por medio de una Agencia Tributaria propia, a cambio de una partida al Estado por los servicios prestados en la comunidad autónoma y también en concepto de solidaridad territorial. Rajoy dijo no.

Reunión entre Mariano Rajoy y Artur Mas en 2012 MARTA FERNÁNDEZ EUROPA PRESS

El 100% de los impuestos

Ahora, 12 años después, ERC le ha arrancado a PSC y PSOE un acuerdo muy parecido en materia fiscal, la llamada “financiación singular” o “la llave de la caja”, como dicen los republicanos, y que comprende, entre otras cuestiones, que sea la Generalitat la que gestione, recaude, liquide e inspeccione el 100% de los impuestos por medio de la Agencia Tributaria de Cataluña (que se creó, por cierto, a raíz del Pacto del Tinell, con el objetivo de recaudar los impuestos propios; de aquel encuentro salió también el compromiso de que la Generalitat tendría una participación en porcentajes a determinar sobre la totalidad de los tributos)… a cambio de un pago al Estado por los servicios prestados y en concepto de solidaridad.

Para ello es necesaria la modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca), para lo que se requiere de una mayoría en el Congreso. Una mayoría para la que se necesita a Junts, que se encuentra entre la espada y la pared, pues la negativa de los herederos de la Convergència de Mas supone decir no al proyecto que ellos mismos defendían hace unos años y a una de las grandes reivindicaciones del nacionalismo y del PSC en torno a la mejora de la financiación autonómica.

Junts, al ataque con todo

En este escenario, la secretaria general adjunta de ERC, Marta Vilalta, anima a los neoconvergentes a sumarse a ese acuerdo, que es un “gran salto de soberanía”. Pero, por el momento, Junts ha sacado toda la artillería para tratar de dinamitar el acuerdo: desde la promesa de Carles Puigdemont de que regresará a Cataluña aún a riesgo de ser detenido (un escenario que los republicanos dejaron claro que no afectaría al pacto con Illa) hasta las manifestaciones y protestas convocadas por la ANC de Lluís Llach, afín al prófugo, que incluso ha pedido a las bases de ERC que voten en contra del pacto, y el bombardeo de los medios cercanos al expresident.

El último gesto de presión lo ha lanzado Junts en forma de comunicado, en el que desliza que los acuerdos firmados entre ERC y PSC, incluido el concierto económico, pueden alcanzarse sin necesidad de investir a Illa, a quien los neoconvergentes señalan como el “más favorable a la represión del independentismo”.

Los Comuns, con Illa

En dicho comunicado, Junts asegura que las cuatro carpetas acordadas entre republicanos y socialistas ya se fijaron en la “negociación” para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, y su cumplimiento depende de la “evolución de las negociaciones bilaterales” de Junts y ERC con el PSOE. En cambio, si el pacto sale adelante, la negociación bilateral se producirá entre el PSOE y el PSC.

“Que la Agencia Tributaria (catalana) pueda recaudar y liquidar todos los impuestos, pero el Govern de Cataluña no tenga el poder sobre el dinero recaudado no es soberanía y no evita los incumplimientos del Estado en materia de inversiones y, si fuese el caso, en materia de ordinalidad”, señala. Así, desmonta uno por uno los puntos del preacuerdo, al tiempo que tiende la mano a ERC para construir una “estrategia común” y rehacer “confianzas”.

Pero la única certeza es que tanto republicanos como Comuns apoyan a Illa, si las bases lo aprueban, y que Junts se encuentra en tierra de nadie, con el riesgo de convertirse en una fuerza irrelevante, pues pasará a la oposición en el Parlament y no le conviene en Madrid apretar más de la cuenta al Gobierno si pretende mantener cierto grado de influencia.

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