Campuzano incendia el sector de los mayores y le denuncian al Síndic de Greuges

El conseller de Derechos Sociales, Carles Campuzano, ha provocado un seísmo en el sector de las residencias de mayores. El equipo del aún titular del departamento ha forzado a todos los geriátricos a pasar acreditaciones, con lo que decenas de ellos "se arriesgan a perder los conciertos". Por eso le han denunciado al Síndic de Greuges. 

Lo detallan fuentes del sector, alertando de "reuniones a contrarreloj" entre las patronales y asociaciones de residencias de ancianos y el Departamento de Derechos Sociales. Los cónclaves tienen como objetivo encauzar las acreditaciones de centros antes del 5 de agosto, la fecha límite fijada por la consejería en base a un decreto de 2015. 

"Peligran los conciertos"

Derechos Sociales pretende que 1.000 residencias pasen acreditaciones más férreas. El sector alerta de que cuesta unos 4.000 euros por centro y que ello supone, de base, un atentado contra la "seguridad jurídica". 

Lo que es más, el ecosistema residencial insiste en que pedir a todos los centros que cumplan el texto de 2015 es rayano a la "prevaricación administrativa". Porque se les exige una declaración responsable que puede ser invalidada. 

Habitaciones o pasillos

En concreto, los centros deben acreditar que cuentan con instalaciones suficientes, como salas de trabajo corporal, pasillos anchos o habitaciones bien repartidas. 

Pese a la buena voluntad de la norma, desde el sector se alerta de que la acreditación es, de hecho, una "examen extra", pues ya cumplieron con la normativa anterior al decreto de 2015 al construirse. Lo ven, pues, un test innecesario. 

Alud de denuncias

La pugna se ha intentado encauzar por las dos partes desde hace días. Hay reuniones entre el departamento y las patronales para hallar una entente antes de la fecha límite de agosto. 

Por el momento, no hay acuerdo. Una de las entidades, la Asociación Profesional Catalana de Directores de Centros y Servicios de Atención a la Dependencia (Ascad), ha denunciado el caso al Síndic de Greuges, al Parlament y a la consejería. Prevé más escritos, ha avanzado El País. 

Embrollo innecesario

Desde la industria se alerta de que la reacreditación es un escollo innecesario en la operativa de los centros. Y que llega cuando el Govern está en funciones, y con una fecha arbitraria, además del coste que supone. 

Recuerdan de que el sector apenas ha firmado aperturas de nuevos establecimientos en los últimos años, y que la exigencia de pasar el nuevo corte supone "impericia administrativa" que pone miles de plazas residenciales en riesgo.