Tras hostigar a los médicos que no se comunican en catalán con sus pacientes, la Generalitat vuelve a la carga ahora contra los jueces. Un informe presentado este miércoles apuesta por exigir el nivel C1 de catalán a los jueces y abogados que ejerzan en Cataluña para revertir el uso "testimonial" de dicha lengua en la judicatura.
La propuesta nace del Instituto de Estudios de Autogobierno (IEA) de la Generalitat, presidido por Joan Ridao. El exletrado del Parlament ha defendido esta recurrente exigencia lingüística de la mano de la consellera en funciones de Justicia, Gemma Ubasart, quien ha aprovechado para reclamar mayores competencias y financiación en su cartera para ello.
"Uso irrisorio"
Los autores del informe describen la presencia del catalán dentro de la Administración como "testimonial" y consideran "imprescindible" regular su uso, que actualmente es minoritario, aunque en las disposiciones legales se permiten ambas lenguas oficiales.
En su propuesta, consideran que el nivel de conocimiento que se debería exigir a los servidores públicos para considerarlos "aptos" para el desarrollo de su tarea en Cataluña tiene que ser un C1, que habría de acreditarse mediante la certificación oficial expedida por el organismo competente de la comunidad autónoma.
La consellera, por su parte, ha destacado el uso irrisorio del catalán en la administración de justicia. Tan solo un 5% de las demandas redactadas en esta lengua, y menos del 7% de las sentencias, según ha informado.
Quieren crear el 'Consejo de Justicia de Cataluña'
El informe también concluye que la Generalitat dispone de un amplio margen para ampliar su actuación, aunque evidencia una falta importante de recursos financieros.
La 'consellera' de Justicia, Gemma Ubasart, durante una sesión plenaria en el Parlament
Ubasart ha insistido en que es "evidente" que Cataluña "quiere y puede" tener más poder en materia judicial. Y Ridao ha reclamado que, mientras la Generalitat no disponga de un sistema de financiación singular, es imprescindible que el Estado transfiera recursos económicos suficientes para desplegar las competencias asumidas en el Estatuto, como la gestión del personal o las oficinas judiciales.
Por ello también proponen la creación del Consejo de Justicia de Cataluña, que conciben como un instrumento para acercarse al modelo territorial de autogobierno descentralizado. Defienden atribuirle las funciones previstas en el Estatuto, no consideradas inconstitucionales y que ahora ejerce la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. También que el Consejo General del Poder Judicial delegue algunas.