El Govern se resiste a acatar la suspensión cautelar del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) del decreto con el que pretendía blindar el catalán en los colegios. La consellera de Educación en funciones, Anna Simó, ya ha presentado un recurso de reposición por un decreto que fue suspendido el 3 de julio y que se aprobó en mayo con la intención de "fortalecer el modelo de escuela catalana". Buscaba dar cobertura jurídica a los centros en la ejecución de sus planes lingüísticos.
Anna Simó, 'consellera' de Educació en funciones
La Asamblea por Una Escuela Bilingüe (AEB) recurrió el decreto, lo que fue admitido a trámite a principios de junio y que suspendió la sala de lo contencioso 5 de Barcelona del TSJC.
La justificación del Govern
En el recurso, el Ejecutivo autonómico argumenta que no existen motivos para dictar medidas cautelares de suspensión porque el decreto no supone un daño "real y efectivo respecto al alumnado catalán" y que "no se ha aportado justificación alguna a tal efecto".
También señala al TSJC que la adopción de medidas cautelares "debe ser especialmente restrictiva a la hora de suspender disposiciones de carácter general, como la norma impugnada, que despliega normas vigentes como la Ley de Educación de Cataluña, el Decreto Ley 6/2022 o la Ley 8/2022".
Contrario a la suspensión cautelar del decreto
En este sentido, el Govern asegura que "la suspensión cautelar no supone ningún problema respecto a la revisión de los proyectos lingüísticos de los centros", que es "un procedimiento recogido en el Decreto Ley 6/2022 y que el Departamento de Educación seguirá llevando a cabo, como queda reflejado en los documentos de gestión de centro que contienen las instrucciones pedagógicas de inicio del curso 2024-25".
Material escolar en un colegio
Por último, también se manifiesta contrario a la suspensión cautelar del decreto en su totalidad, e indica que "las medidas cautelares se hubieran podido limitar a los artículos donde el tribunal apreciara vulneraciones de derechos".
"Visos de lesión en los derechos fundamentales"
En el auto del pasado 5 de julio, el juez del TSJC observó "visos de lesión en los derechos fundamentales (...) a recibir enseñanza en lengua castellana, en tanto que en el desarrollo reglamentario del decreto configura un sistema de educación gratuita único, donde solo se contempla el catalán, o en su caso el aranés, como lenguas normalmente vehiculares y de aprendizaje".
En este sentido, rechazó que en el decreto no se fije "una garantía mínima del uso de dicha lengua vehicular más allá de la enseñanza de la asignatura de lengua y literatura castellana".