El Govern en funciones plantea una batalla en los tribunales por el 'decretazo' sobre el catalán en la escuela

El gobierno en funciones de Pere Aragonès se lanza a una batalla judicial para defender su decretazo sobre el catalán en la escuela; la norma que impide el bilingüismo en la enseñanza. Los servicios jurídicos de la Generalitat trabajan para presentar un recurso de reposición contra el posicionamiento del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) de suspender la vigencia del decreto que regula el régimen lingüístico del sistema educativo no universitario y sitúa al catalán como lengua vehicular en las escuelas e institutos.

Así lo ha anunciado la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, este martes tras la reunión del Consell Executiu de la Generalitat. Según ha indicado, el decreto-ley aprobado por el Ejecutivo el pasado mayo y suspendido por el TSJC este viernes, "es impecable" y "no porque así lo defienda el Govern, sino porque se ha elaborado con rigor por parte de servicios jurídicos, instituciones y entidades independientes".

"En todo momento se ha priorizado fijar criterios estrictamente educativos", con el fin de que "los centros elaboren sus proyectos lingüísticos, a la vez que se garantiza la protección jurídica a los centros y a sus equipos educativos", ha añadido la portavoz. Por ello, Plaja ha subrayado que "lo combatiremos hasta el final, con convencimiento y determinación".

Alternativas al decreto suspendido

"Pese a la suspensión del decreto, hay otras normas de rango legal y reglamentario que garantizan que el catalán y el aranés sean el centro de gravedad del régimen lingüístico en la enseñanza no universitaria", ha señalado Plaja. 

En este sentido, ha hecho referencia al decreto-ley 6/2022 del 30 de mayo, al que el propio TSJC se refiere en el mismo auto, al "reconocer" que "ya contiene una regulación detallada de los proyectos lingüísticos". Ha subrayado que "se trata de una ley plenamente vigente", a la que no afecta "la suspensión de una normativa".

Patrícia Plaja ha defendido que "no hay ningún resquicio de inconstitucionalidad en el decreto" suspendido y que el Govern está "a la espera del posicionamiento del Tribunal Constitucional", que, a instancias del propio TSJC, debe pronunciarse sobre la constitucionalidad de la legislación catalana del año 2022 que regula el uso de las lenguas en el ámbito educativo.

Conflicto por la presencia del castellano en las aulas

La entidad Asamblea por Una Escuela Bilingüe, que lucha por aumentar la presencia de la lengua castellana en el ámbito educativo, recurrió el Decreto 91/2024 de 14 de mayo, lo que fue admitido a trámite a principios de junio y que suspendió la sala de lo contencioso 5 de Barcelona del TSJC, presidida por el juez Javier Aguayo Mejía.

El decreto suspendido establece el régimen lingüístico del sistema educativo no universitario mediante la regulación del uso y la enseñanza de las lenguas, del desarrollo del proyecto lingüístico de los centros educativos y la regulación del conocimiento y la utilización de las lenguas por parte del personal docente y no docente.