El Govern en funciones se resiste a acatar la suspensión cautelar del Tribunal Superior de Justicia (TSC) del Decreto con el que pretendía blindar el catalán en los centros educativos. La actual consellera de Educación en funciones, Anna Simó, ha anunciado la interposición de un recurso de reposición a cargo de la oficina que encabeza.
"Nosotros lo queremos denunciar, y vamos a seguir la vía judicial. Presentaremos recurso de reposición antes del 15 de julio", ha explicado en una atención a los medios este viernes, tras conocer la decisión de la justicia catalana, que censura que la normativa educativa de la Generalitat confiera el estatus de lengua vehicular al catalán sin fijar una presencia mínima de castellano.
Jueces "altamente politizados"
Simó ha reiterado en varias ocasiones que los "politizados" jueces del TSJC "no tienen las funciones ni legislativas, ni ejecutivas" en la materia, así como también ha reprochado que "son ellos los que quieren decidir sobre el sistema lingüístico, del sistema educativo".
"Hay jueces del TSJC que escuchan más lo que dice una asociación que lo que dice un consenso social y político mayoritario", ha añadido la consellera, en referencia a la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), la entidad constitucionalista que recurrió el decreto y pidió su suspensión cautelar.
También ha lamentado ausencia de "separación de poderes" al defender que la legislación educativa es "una tarea que recae en el Parlament".
"Idea peregrina"
La consellera en funciones también ha descrito el porcentaje mínimo de 25% de docencia en castellano impuesto por los tribunales en varias escuelas como "idea peregrina". "Esto no tiene ningún tipo de soporte ni pedagógico, ni sociolingüístico", ha afirmado la consellera en funciones, en defensa del decreto.
También ha defendido que el Govern "ha estado trabajando durante mucho tiempo en este decreto" y ha expresado "su convicción de que este decreto es impecable, de acuerdo con toda la normativa".
Frenazo cautelar
La decisión del TSJC aprecia "visos de lesión en los derechos fundamentales", ante la no fijación de una cuota mínima del idioma español en los proyectos lingüísticos escolares.
La entidad denunciante, la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), presentó recurso contra la medida de ERC al describirla como "un decreto hispanófobo" que "pretende hacer imposible que el castellano pueda convertirse en lengua vehicular de enseñanza en Cataluña".