Una futura Agencia Tributaria catalana, que se encargara de recaudar la totalidad de los impuestos que se pagan en el territorio, no es vista con buenos ojos por un colectivo tan influyente y poderoso en este punto como el de los inspectores de Hacienda. Los técnicos consideran que este eventual escenario chocaría de lleno con la Constitución pero, además, pondría en peligro aspectos tan relevantes como la hucha de las pensiones, la proporcionalidad del sistema o la lucha contra el narcotráfico.
Mucho se ha hablado en las últimas semanas de la "financiación singular" para Cataluña en el contexto de las negociaciones para que el líder de los socialistas catalanes, Salvador Illa, sea investido presidente de la Generalitat, tras imponerse en las elecciones autonómicas celebradas en mayo.
Labor de lobby
Mientras desde el Gobierno central se buscan varias fórmulas para abordar esta cuestión, la asociación Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) se ha puesto manos a la obra para mostrar su oposición a que se consume la soberanía fiscal catalana. Y lo ha hecho a través de varios informes y trabajos que ponen de manifiesto los numerosos problemas que causaría que las reivindicaciones llegadas desde el independentismo fueran atendidas.
El influyente lobby estima que fragmentar la Agencia Tributaría supondría atentar contra "los principios tributarios, fundamentalmente la generalidad, la capacidad económica, la igualdad, la justicia y la eficiencia".
No sólo recaudar
En este punto, los inspectores recuerdan que el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda no se limita a la tarea de recaudar tributos sino que también tiene un papel fundamental en aspectos como gestionar deducciones en el IRPF, las ayudas para madres trabajadoras o las destinadas a las familias numerosas, u otras como la bonificación en el gasóleo o la gestión del ingreso mínimo vital.
Además de su papel de vertebrador de ayudas sociales del Estado, el organismo también es clave en la lucha contra el narcotráfico y el blanqueo de capitales; delitos a los que Cataluña quedaría especialmente expuesta en el caso de tener que asumir estas funciones, conjuntamente con la mera recaudación tributaria.
"El desafío de la creación de una Administración Tributaria fraccionada conlleva el traspaso de determinadas líneas rojas que ponen en un brete la eficiencia en la gestión del sistema tributario, pudiendo generar desigualdades en su aplicación fruto de una ineficiente gestión", advierten.