El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha devuelto al Juzgado de Instrucción 17 de Barcelona la causa en la que se investigan los retrasos en la vacunación contra el coronavirus a policías y guardias civiles destinados en Cataluña. Lo ha hecho después de que la entonces consellera de Salud, Alba Vergés, haya dejado de ser aforada al no ser diputada del Parlament en la nueva legislatura.
El TSJC constata que Vergés ya no es aforada en este tribunal, se inhibe de la causa y la devuelve a Instrucción 17, que ya se había encargado de investigar el caso antes de que la imputación a Vergés (entonces aforada) la hiciera trasladar al TSJC.
La investigación continúa
En febrero, el instructor pidió al TSJC que se hiciera cargo de la causa para poder investigar a Vergés, que en ese momento era aforada por su cargo de vicepresidenta del Parlament en la legislatura que acabó con las elecciones del 12M.
Agente de la UIP de la Policía Nacional en una imagen de archivo
El juez había interrogado a Vergés en enero, una cita a la que ella acudió voluntariamente a pesar de ser una instancia inferior a la que le correspondía por su condición de aforada. En esa declaración, Vergés defendió que pararon la vacunación siguiendo el criterio fijado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, pero el juez veía motivos para investigarla y por eso propuso al TSJC que se encargara de la instrucción.
Las pruebas
A mediados de abril, el TSJC asumió la causa en la que también están investigados el exconseller de Salud, Josep Maria Argimon, el exdirector del CatSalut, Adrià Comella, el entonces director de Servicios de Salud, Xavier Rodríguez Guasch; y el exsecretario general de Salud, Marc Ramentol.
Con lo que había investigado hasta entonces, el juez valoró que hay suficientes indicios contra Vergés, que surgen "principalmente de la contundente declaración" de Ramentol, que afirmó que los altos cargos de la Conselleria acordaron parar la vacunación.
También de mensajes de Whatsapp en los que una asesora de Vergés dijo a la entonces subdirectora general de promoción de la salud, Carmen Cabezas, que Vergés quería parar la vacunación: "Otra vez, la consellera me pide parar Guardia Civil y Policía Nacional. No podremos argumentarlo. Lo tendríamos que parar".
Discriminatorio
Cuando el instructor que ahora retomará la investigación envió la causa al TSJC, afirmó que había suficientes indicios de los presuntos delitos de prevaricación administrativa y contra los derechos de los trabajadores. Parar la vacunación fue "una decisión arbitraria, ilegal, injusta y discriminatoria, adoptada por altos cargos del departamento de Salud contra funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil".
Fachada del Palau de Justícia, sede del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) y de la Audiencia de Barcelona
El ritmo de vacunación a policías y guardias civiles fue "muy diferente" del que tuvieron los cuerpos de emergencias de la Generalitat. El 24 de marzo de 2021, se habían vacunado un 77% de Mossos d'Esquadra, un 68,9% de policías locales y Bombers de la Generalitat, un 77,9% de la plantilla de la Guardia Urbana de Barcelona y el 66,9% de Bombers de Barcelona, y en cambio solo el 3,6% de la Policía Nacional y el 2,8% de la Guardia Civil en Cataluña.