El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha asumido la investigación contra la exconsellera de Salud Alba Vergés por el retraso en la vacunación por el Covid a los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Cataluña.
No obstante, permanece a la espera de si continúa como aforada en la nueva legislatura tras las pasadas elecciones del 12 de mayo. No iba en las listas de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), por lo que solo mantendría esta condición si, en función de los pactos postelectorales, fuese nombrada consellera.
A la espera de si continúa como aforada
El TSJC asumió la causa de Vergés a mediados de abril pasado, según las fuentes consultadas por EFE, tras recibir la exposición razonada del juez de instrucción, que elevó el caso al alto tribunal catalán dada, entonces, la condición de aforada de la exconsellera de Salud.
En caso de que finalmente Vergés no siguiera como aforada, su causa volvería con toda probabilidad al citado juzgado, que mantiene como imputados a varios de sus excolaboradores en Salud.
Retraso "arbitrario"
Según el Juzgado de Instrucción número 17 de Barcelona, el retraso en la vacunación por la Covid-19 a los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Cataluña fue "arbitrario, ilegal, injusta y discriminatoriao" y además también fue "irrazonable e inexplicable", por lo que "solo encuentra una explicación en sentimientos de desprecio hacia colectivos de funcionarios por estar integrados en cuerpos nacionales".
"Hizo lo que tenía que hacer para proteger a los catalanes"
La Generalitat inició la vacunación de los agentes de los cuerpos de seguridad y emergencias el 12 de febrero de 2021 y hasta el 24 de marzo se habían suministrado dosis al 77 % de agentes de los Mossos d'Esquadra, al 68 % de policías locales, al 69 % de los Bomberos de la Generalitat, al 77 % de la Guardia Urbana de Barcelona y al 66 % de los Bomberos de Barcelona. Pero solo a un 3,6 % de policías nacionales y a un 2,8 % de guardias civiles.
Además, según el juez, el 24 de marzo, la Generalitat acordó paralizar la vacunación de los funcionarios de Policía Nacional y Guardia Civil en Cataluña con menos de 60 años, la gran mayoría. Y mantuvo esta suspensión hasta que el TSJC dio un ultimátum el 27 de abril de 2021 para equiparar su inmunización a la de los agentes autonómicos y municipales en diez días.
Unos 'whatsapps' la delataron
El juez de instrucción acabó implicando a Vergés en las decisiones sobre el calendario de vacunación a raíz de unos Whatsapps que aportó el exresponsable de Salud Pública durante la pandemia y exconseller de Salud Josep Maria Argimon. En estos, daba instrucciones para detener el proceso para policías nacionales y guardias civiles: "La consellera me pide parar Guardia Civil y Policía Nacional, no podemos argumentarlo".
Vergés compareció en enero pasado ante el juez de instrucción, en una declaración voluntaria como imputada -antes de que su caso se elevara al TSJC-, para alegar que el mensaje de Whatsapp que la incrimina está descontextualizado. Además, con la expresión "no podemos argumentarlo", dijo que se refería a que no podía justificarse que vacunara a policías nacionales y guardias civiles por encima de otros colectivos esenciales y de la población de mayor edad y vulnerable.
También aseguró que el calendario de vacunación se consensuó con el ministerio y las autonomías y obedeció a criterios sanitarios, para priorizar la inmunización de los más vulnerables.
Argimon y Armengol siguen investigados
En la causa en el Juzgado de Instrucción número 17 de Barcelona se mantienen como investigados el exnúmero 2 de Vergés, Marc Ramentol, que era secretario general del departamento; Argimon, que era responsable de Salud Pública -y que meses después sustituyó a Vergés como conseller hasta que Junts abandonó el Govern-; el exdirector del Instituto Catalán de la Salud Adrià Comella; y el exdirector de Servicios de Salud Francesc Xavier Rodríguez.
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