El juez imputa a Vergés por el retraso en la vacunación a los policías y guardias civiles

El Juzgado de Instrucción 17 de Barcelona imputa a la exconsellera de Salud y actual vicepresidenta del Parlament de Cataluña, Alba Vergés, por el retraso en la vacunación contra el Covid-19 de policías y guardias civiles. El titular, da 20 días a Vergés para que declare voluntariamente como imputada, antes de elevar la causa al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, pues es aforada.

En el mismo auto, al que ha tenido acceso este medio, el juez ordena archivar la investigación en relación a Carmen Cabezas Peña, entonces subdirectora general de Promoción de la Salud y luego Secretaria de Salud Pública, y de Sara Manjón del Solar, directora del área de Organizaciones y Profesionales del Servicio Catalán de Salud, hasta ahora investigadas en la misma causa.

A quien sí mantienen como imputado es al exconseller de Salud Josep Maria Argimon, quien precisamente aportó a la causa unos mensajes de Whatsapp que incriminaban a Vergés en las decisiones sobre el calendario de vacunación, lo que motivó que la fiscalía pidiera que el caso se remitiera al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

La orden fue "ilegal, injusta y arbitraria"

Las diligencias se iniciaron a raíz de una denuncia interpuesta en abril de 2021 por el Sindicato del Cuerpo Nacional de Policía Justicia Policial (JUPOL) y por la Asociación de la Guardia Civil, Justicia Civil (JUCIL). Estas entidades acudieron al juzgado de guardia de Barcelona alegando que el Govern estaba priorizando la vacunación de los agentes de los Mossos d'Esquadra en detrimento de los policías nacionales y guardias civiles destinados en Cataluña, que no estaban recibiendo el suero contra el Covid-19.

En este sentido, los denunciantes manifestaron que desde la Consejería de Salud se podría estar incurriendo en delitos de prevaricación y contra los derechos de los trabajadores. Ahora, el auto recoge que, de los documentos aportados a la causa, se desprende "una decisión arbitraria, ilegal, injusta y discriminatoria adoptada por altos cargos del Departamento de Salud contra los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil destinados en Cataluña". 

Una decisión "irrazonable"

Se basan en las manifestaciones de la delegada del Gobierno y las cartas remitidas a los Ministros de Sanidad y de Política Territorial en los que se evidencia la "perplejidad" de la decisión adoptada de suspender la vacunación de los agentes menores de 60 años, es decir, casi todos los destinados a Cataluña, "con los inevitables perjuicios que sin duda se iban a generar". La decisión, considera el juez, fue "irrazonable".

Insiste en que, en cualquier caso, esta decisión no podía ser adoptada por la Administración Autonómica, pues la decisisón sobre los grupos prioritarios de vacunación era competencia del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. "El Departament de Salut, con su ilegal decisión, vino a suprimir de facto la prioridad que en la vacunación ostentaban estos colectivos profesionales", pues prestaban un servicio esencial para la sociedad y estaban expuestos al virus durante el desarrollo de su labor en la vía pública. 

Los whatsapps que señalan a Vergés

La imputación de Vergés se produce después de la aparición de unos supuestos whatsapps de la entonces consellera en los que daba órdenes para frenar la vacunación de policías y guardias civiles. A raíz de estos mensajes, la fiscalía pidió al juez instructor que remitiera la causa al TSJC para que abriera una investigación a la exconsellera ante los indicios que la incriminan.

Vergés habría dado presuntamente instrucciones en marzo de 2021 a los responsables de Salud Pública del Govern, a través de una miembro de su gabinete, para detener la vacunación del Covid a policías nacionales y guardias civiles: "La consellera me pide parar Guardia Civil y Policía Nacional", recogía el mensaje.